Los caseros ‘fichan’ a más de 500 inquilinos morosos

Los arrendatarios que no pagan la renta aparecen en un registro que los delata. Los dueños de pisos en Zaragoza se resisten a alquilar por los impagos.
El temor a los inquilinos morosos es una de las razones por las que el mercado de alquiler zaragozano está tan escaso de pisos. Librarse de un arrendatario que no paga es, en general, una tarea larga, difícil y muy costosa para el dueño de la vivienda, que rara vez consigue recuperar el dinero que ha dejado de cobrar.

Pero a los morosos profesionales se les empieza a acabar el chollo. Los propietarios zaragozanos ya han identificado a más de 500 de ellos, que forman parte del Registro de Arrendatarios Morosos Sentenciados.

Esta base de datos estatal, gestionada por los abogados Alboreca, se elabora con la colaboración de los propios caseros y recopila los nombres de más de 10.000 inquilinos de toda España condenados por no pagar la renta.

Es la única herramienta que tienen los propietarios para identificar a tiempo a los arrendatarios que no pagan, ya que, aunque hayan pasado por varios desahucios, esta información judicial no es pública.

Cada año se desahucia en Zaragoza a unos 600 inquilinos morosos. Para sacarlos de su casa, según Alboreca, el propietario tiene que esperar hasta año y medio. Desde el impago hasta la presentación de la demanda pasan una media de ocho meses, a los que hay que sumar seis meses y medio hasta que el juez dicta sentencia y otros tres meses y medio para que se haga efectiva.

La fórmula del arbitraje

El arbitraje es una alternativa para ahuyentar a los morosos profesionales. En torno al 6,5% de las inmobiliarias zaragozanas introducen en sus contratos de alquiler esta cláusula para solucionar conflictos sin acudir a los tribunales. Este año se han abierto sólo dos procesos por esa vía en Zaragoza.

«Se reducen al máximo los plazos hasta dictar sentencia», explica Javier Íscar, de la Asociación Española de Arbitraje. La decisión llega en tan sólo 25 días y el 60% de los casos finaliza con un acuerdo entre las partes.

Además del impago de las rentas, el arbitraje permite solucionar otros problemas como la devolución de las fianzas o la ejecución de reformas en la vivienda por parte del propietario.

Diferentes costes para un desalojo

Vía judicial: Las costas del juicio oscilan entre los 1.000 y los 2.500 euros, para rentas de 600 y 1.200 euros al mes, respectivamente.

Arbitraje: El convenio cuesta 30 euros y el procedimiento, para rentas de 600 euros al mes, unos 235.

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