Juzgan en Valladolid a cuatro acusados de cobrar 132.000 euros en subvenciones por cursillos que no impartieron

Fiscalía solicita para cada uno de ellos una pena de cuatro años de cárcel y multas por importe de 365.000 euros

La Audiencia de Valladolid sienta desde este martes, 20 de noviembre, en el banquillo a cuatro personas que podrían ser condenadas a penas de cuatro años de prisión acusadas de cobrar del Estado en 2003 subvenciones por importe superior a los 132.000 euros para el desarrollo de cursillos de formación de fisioterapia y estética que, sin embargo, no llegaron a impartir, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Fiscal califica la conducta de los cuatro acusados de un delito de fraude de subvenciones y solicita para cada uno cuatro años de privación de libertad—el Abogado del Estado pide tres años—, multa de 365.000 euros, la privación del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por espacio de seis años y, en concepto de responsabilidad civil, el pago directo y solidario de una indemnización de 132.318 euros en favor del Estado, con responsabilidad subsidiaria de Fisioclinic Ciengo SL. y Carvier Consultoría y Formación SL.

Los hechos serán sometidos al criterio de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid entre el martes y el viernes y se remontan al mes de septiembre de 2003, cuando los acusados Conrado C.R. y Eutiquio G.F, propietarios y administradores de Fisioclinic Ciengo SL, especializada en servicios de fisioterapia y estética en un spa de Valladolid, se "concertaron", según la acusación pública, con los también acusados Francisco José J.C. y Francisco Javier G.C, propietarios y administradores de Carvier Consultoría y Formación S.L, con el propósito de obtener para la primera de ambas mercantiles una subvención pública para la formación de empleados.

Fingen más empleados y más centros

A tal efecto, siempre según la versión del fiscal, tras encargar la realización de los trámites necesarios a la empresa madrileña San Román ESS, los dos primeros acusados presentaron el 15 de septiembre la solicitud de subvención, con la particularidad de que para conseguir una mayor cantidad afirmaron tener un mayor número de empleados y contar con establecimientos en otras ciudades.

Fue el día 9 de diciembre cuando firmaron la aceptación de condiciones y finalmente, en virtud del acuerdo de 29 de diciembre del Patronato de la Fundación Tripartita para la Formación de Empleo—ente colaborador del Ministerio de Trabajo—, se concedió a Fisioclinic una ayuda por importe de 132.318 euros.

El dinero fue ingresado el 10 de enero de 2004 en una cuenta que Fisioclinic tenía abierta en Caja España, si bien tres días más tarde la subvención fue transferida a una cuenta de la segunda mercantil supuestamente implicada, Carvier Consultoría y Formación, que era la que supuestamente debía impartir el cursillo de formación.

Así, tras abonar a la empresa madrileña San Román SS la comisión de 22.494 euros por los trámites de intermediación realizados, el acusador público sostiene que los cuatro procesados se repartieron el resto del dinero, en concreto 109.824 euros, sin haber impartido curso alguno.

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