La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo ha aclarado que no está incumpliendo el mandato del Parlamento de Extremadura sobre la ejecución de los lanzamientos en viviendas sociales.

Así recuerda que la Propuesta de Impulso que aprobó el Parlamento extremeño el pasado 26 de julio instaba al Gobierno a "paralizar los lanzamientos de los desahucios previstos sobre el parque público de vivienda y abrir vías de regularización en los casos de sobreendeudamiento de las familias y en los que existieran personas dependientes, menores y ancianos dentro de la unidad familiar".

La propuesta, según indica el Gobierno de Extremadura (GobEx) en nota de prensa, "en ningún caso" instaba a la paralización de los expedientes de desahucio, sino que "no se procediera al lanzamiento de aquellos en los que la causa exclusivamente fuera la falta de pago".

Por ello, y ante las "demagógicas declaraciones" que "se están vertiendo" por los partidos de la oposición y algunos colectivos sociales, el GobEx aclara que de los 38 lanzamientos realizados hasta la fecha "ninguno se ha ejecutado exclusivamente por impago".

"Ya que en ellos existen otros graves motivos que ha llevado a la Comisión Técnica de Intervención Social a ejecutar los lanzamientos (ocupaciones ilegales, conductas asociales, no ocupación de las vivienda, o posesión de otra vivienda en propiedad)", ha enumerado el Ejecutivo extremeño.

Por ello, el Gobierno regional ha insistido en que "alguno de los inquilinos han abusado (y continúan abusando)" del patrimonio público de todos los extremeños, "incumpliendo reiteradamente las obligaciones que adquirieron en la firma de los contratos de alquiler".

"De hecho, numerosos vecinos afectados por las conductas asociales de alguno de los desahuciados, han agradecido al Ejecutivo regional su decidida actuación tras años de pasividad por parte de los anteriores responsables de la Administración Autonómica", ha apuntado.

El Gobierno de Extremadura ha recordado también que la "gran mayoría" de los expedientes de desahucio fueron iniciados en la anterior etapa socialista, quienes "a pesar de conocer que los contratos de arrendamiento se estaban flagrantemente incumpliendo, y que en muchos casos se producían conductas que hacían insoportable la convivencia, nunca se atrevieron a ejecutar los lanzamientos y por tanto hacer cumplir la ley".

"Es por ello, que el Gobierno de Extremadura quiere dar a conocer a la opinión pública que, ante todo, se está velando por el cumplimiento de la ley y porque las viviendas de promoción pública estén realmente en manos de quien las necesita, pues una vez ejecutado el lanzamiento y reparados los desperfectos que presenta, la vivienda es entregada a una nueva familia necesitada", ha asegurado.