La ponencia "de síntesis" elaborada por el presidente de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, Ignacio García (IULV-CA), a partir de las "aportaciones coincidentes" de los tres grupos de la Cámara en sus propuestas de dictamen sitúa la "responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud" en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, en línea con las conclusiones de IULV-CA.

Así figura en el texto de 128 folios registrado esta tarde por el propio García, consultado por Europa Press, y al que los grupos podrán plantear enmiendas o modificaciones hasta el próximo martes día 20 antes de que la comisión de investigación se reúna para aprobar el dictamen 48 horas después, el jueves 22.

Cabe recordar que el PP-A pedía en su propuesta la dimisión, como "principales responsables políticos", del expresidente y presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente; de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de otros doce excargos de la Junta entre 2011 y 2010 y considera "inaceptable" que el PSOE sólo eche la "culpa" al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero e intente "minimizar" los hechos.

Por su parte, IULV-CA situó en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández el máximo nivel de responsabilidad política en el caso al considerarles "muñidores del convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —actual agencia IDEA— y autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles".

Frente a ello, el PSOE-A atribuía en sus conclusiones a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta la responsabilidad del caso, ya que era el órgano con la "atribución exclusiva para la concesión de las ayudas", y subraya que el uso "indebido" del procedimiento de concesión de ayudas se produjo entre los años 2001 a 2008, con Francisco Javier Guerrero al frente, que recientemente ha salido de prisión.

Sobre las responsabilidades políticas, se apunta en el documento de "síntesis" que existe "indudablemente" una responsabilidad política directa por actuación en el ámbito de la Consejería de Empleo que comienza por la Dirección General, desempeñada fundamentalmente en este tiempo por Francisco Javier Guerrero. Según se destaca, él realizaba las actuaciones y tomaba las decisiones que directamente se traducían en "irregularidades": intrusos, pagos excesivos de comisiones, distribución arbitraria de las ayudas, etc.

De igual modo, se añade que esta responsabilidad política se extiende a los que fueron sus inmediatos superiores, los viceconsejeros Antonio Fernández y Agustín Barberá, que permitieron actuar a Guerrero "sin ningún control, y en total libertad". "No se comprende su papel de viceconsejeros si no controlaban un asunto de esta trascendencia", se precisa en el documento.

Sobre las responsabilidades de Viera y Guerrero, se subraya "la discrecionalidad arbitraria" que se deduce de la concentración de ayudas en la Comarca de la Sierra Norte de Sevilla y la particular concepción de Viera sobre los repartos territoriales de las ayudas, "cuando llega a decir que el resto de áreas o direcciones generales se encargaban de otras zonas de Andalucía".

Papel de la intervención

En relación a la Intervención General, se apunta que este órgano de fiscalización no emitió los informes de actuación que hubieran obligado a intervenir, "si hubiera sido necesario, incluso al Consejo de Gobierno". Si bien, también señala que ante las irregularidades que sí aparecieron reflejadas en los sucesivos informes de la Intervención General, ni el IFA/IDEA, ni la Consejería de Hacienda, —cuyo titular era el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán—, ni las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Empleo e Innovación, "adoptaron medidas para corregirlas".

Asimismo, en un apartado dedicado a la Consejería de Economía, queda constatado que, tras la recepción en la Consejería del informe especial de la Intervención General, "no se desencadenó ninguna actuación, alegando no detectar menoscabo de los fondos públicos". "Al respecto, conviene recordar también que la Intervención General —organismo adscrito a la Consejería de Hacienda— remite, por dicha adscripción, al consejero o consejera todos los informes de control financiero que emite", se señala.

Respecto al control parlamentario, se indica que la pretensión de que la información que sobre el Programa 31.L, "escasa, confusa y errónea", permitía al Parlamento conocer lo que estaba pasando es "insostenible". "Difícilmente puede argumentarse que el Parlamento conocía lo que pasaba y que, por tanto, lo estaba legitimando aunque fuera de manera pasiva. Es evidente que el Parlamento no podía saber nada", se apunta.

Con respecto a las investigaciones sobre las ayudas a empresas en crisis, se indica que en las comparecencias en la comisión se ha aportado muy poca información, si bien de ellas y de la documentación disponible puede extraerse "que se ha producido un uso abusivo de la discrecionalidad que otorga la subvención excepcional por parte de quien reunía las facultades competenciales para su otorgamiento, y por tanto, la presunta vulneración de la normativa depende exclusivamente de la actuación de quien ejerce la potestad subvencionadora, en este caso, el Director General de Trabajo y Seguridad Social".

"hacia arriba"

En las conclusiones del dictamen se indica que "sorprende" la falta de circulación "hacia arriba" de las informaciones y advertencias generadas en los niveles de Dirección General o Agencias de la Junta de Andalucía. "El Informe Especial emitido por la Intervención General, aun cuando no fuera formalmente un informe de actuación y no detectara menoscabo de fondos públicos, contenía advertencias de irregularidades en los procedimientos de concesión de subvenciones que eran de tal entidad que hubiesen merecido, al menos, una reflexión, una respuesta y alguna actuación correctora", se afirma.

También se pone de manifiesto que ha habido "un interés descarado por parte de la derecha andaluza y nacional en inflar a priori la cuantía de lo presuntamente defraudado". "Aún no habiendo culminado en su totalidad las investigaciones que permitan fijar el fraude con precisión, puede decirse que la inmensa mayoría de las ayudas sociolaborales conseguidas son legítimas y que las irregularidades cometidas en su tramitación no permiten poner en cuestión el derecho de sus beneficiarios a obtenerlas".

En cuanto a las recomendaciones de carácter general que se incluyen en el documento, se encuentran revisar y mejorar los sistemas de control de aquellos entes públicos de la Junta no sometidos a la labor de intervención; la elaboración en el próximo periodo de sesiones una Ley de Transparencia y Acceso del Ciudadano a la Información Pública, y normalizar la creación y el funcionamiento de comisiones de investigación en sede parlamentaria.