La Fiscalía Provincial de Castellón ha remitido al Ayuntamiento de Vila-real una notificación por escrito del decreto por el que decide continuar las diligencias de investigación penal por la "presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental" en el expediente de pago de 600.000 euros en facturas supuestamente irregulares a una empresa —Piaf— durante la pasada legislatura por parte del exalcalde del PP, Juan José Rubert.

El actual primer edil de la ciudad, el socialista José Benlloch, ha informado de esta notificación del fiscal en la línea de "transparencia absoluta" que, según ha asegurado en un comunicado, se ha seguido durante todo el proceso.

El proceso se inició a principios de legislatura cuando la Intervención municipal abrió un expediente de investigación interno para esclarecer las "irregularidades" detectadas en la facturación a una empresa, que culminó con la anulación del pago de las facturas y la remisión del expediente a Fiscalía para su investigación y la depuración de posibles responsabilidades.

En su escrito, el fiscal encargado del caso da cuenta de los hechos y la documentación recibida y señala que, "examinadas las presentes diligencias, desprendiéndose la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental, interesa la continuación de las diligencias de investigación penal".

La Fiscalía pide que la resolución sea notificada tanto al Ayuntamiento, como parte denunciante, como a los denunciados Juan José Rubert, exalcalde 'popular' de la ciudad, y la mercantil Piaf SL. Benlloch ha destacado que todo el proceso se está llevando a cabo "de manera transparente" y "siendo muy escrupulosos en todos los pasos", dando audiencia y tiempo a todas las partes para que pudiesen dar explicaciones sobre lo sucedido.

"Como alcalde, he cumplido escrupulosamente con mi deber, que es ante todo defender los intereses de los vila-realenses, y por eso el pasado mes de junio dicté la anulación definitiva de los 600.000 euros en facturas que presentaban irregularidades para que los ciudadanos de Vila-real no tengan que pagar ni un euro por cuestiones por las que no se debe pagar", ha dicho Benlloch.

PROCESO

El Ayuntamiento explica en un comunicado que durante el mes de mayo de 2011, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas y, en algunos casos estando ya en funciones, el anterior alcalde de Vila-real firmó una serie de pagos mediante endosos bancarios a una empresa encargada del mantenimiento de edificios e instalaciones municipales por valor de 600.000 euros.

Tras tomar posesión el actual equipo de gobierno, el departamento de Intervención inició un expediente para determinar qué facturas eran exigibles y cuáles no lo son.

Tras investigar "uno por uno" todos los trabajos facturados y consultar con los técnicos municipales responsables de las obras, el expediente interno se cerró inicialmente el pasado mes de mayo con la conclusión de la existencia de tres tipos de irregularidades en 35 de las 36 facturas analizadas: facturas por trabajos que los técnicos afirman que no se realizaron, facturas de obras cuya realización no está "convenientemente acreditada" y una factura final de una obra que no está concluida.

A pesar de estas "irregularidades", la documentación remitida a Fiscalía constata que el exalcalde firmó el endoso de las facturas a entidades bancarias para su cobro por parte de la empresa, según el Ayuntamiento.

Anulación de facturas en junio

A la conclusión del expediente, y tras abrir un periodo de alegaciones para que las partes implicadas pudiesen alegar lo que considerasen oportuno, el alcalde de Vila-real decretó en junio la anulación definitiva de las facturas por valor de 600.000 euros.

El pasado mes de septiembre, tras desestimar por extemporáneo el recurso interpuesto por el exalcalde Rubert, el actual primer edil dio por cerrado definitivamente el expediente y, a instancias del departamento de Intervención Municipal, lo remitió a la Fiscalía de Castellón para su investigación y la depuración de responsabilidades.

El pasado 13 de noviembre el Ayuntamiento recibió la notificación definitiva de la Fiscalía, fechada el 15 de octubre, de la apertura y seguimiento de diligencias de investigación penal por la presunta comisión de los posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por parte de los denunciados.