La Audiencia de Valladolid ha dejado hoy visto para sentencia el juicio celebrado, en sesiones de mañana y tarde, contra cuatro personas, dos de ellas de origen marroquí y otras dos empresarios de Lérida, por un delito contra los derechos de los trabajadores y, alternativamente de estafa, por haber cobrado presuntamente durante el ejercicio de 2003 distintas cantidades a siete compatriotas de las dos primeras bajo la promesa de traer a España a sus familiares y amigos a través de ofertas de empleo que, más tarde, se comprobó que eran falsas.

Frente a la petición absolutoria de todas las defensas, el Ministerio Fiscal ha mantenido finalmente su petición de pena, consistente en cuatro años de prisión por el primero de los dos citados delitos—serían tres en caso de que el tribunal estimara que el delito es el de estafa—y multas de 5.760 euros, junto con el pago conjunto y solidario de indemnizaciones por importe global de unos 14.000 euros.

Durante la vista, en la que no ha comparecido nuevamente por motivos de salud uno de los cinco acusados, el empresario catalán Sergio G.Z, quien será juzgado en solitario cuando se reponga de una operación, la también imputada Hakima H. ha prestado una declaración claramente favorable a los intereses de las acusaciones pública y particular ya que, tras desmarcarse absolutamente de esta presunta red, ha acusado a uno de los presuntos cerebros de la misma, su entonces novio Hamid G, de ser el encargado de contactar en Valladolid con compatriotas y de ofrecerles, previo pago de cantidades de entre 1.500 y 4.000 euros, la llegada de sus familiares a España con ofertas laborales en mano.

"Yo no tengo nada que ver con esto. Ni he participado en los hechos ni he cobrado cantidad alguna", ha insistido Hakima H. en distintas ocasiones durante su declaración, en la que ha explicado que ella, residente por aquel entonces en Valladolid capital, se ganaba la vida en varios clubes y estaba al margen de los negocios que su entonces novio y un hermano de éste, residente en Lérida y en la actualidad en paradero desconocido, mantenían con compatriotas para la regularización en territorio español de familiares y amigos mediante la formalización de contratos.

El buzón del piso que compartían en Valladolid era donde la clientela depositaba fotos y otros documentos, ha relatado la acusada, que, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que en un principio creyó que el negocio era legal hasta que encargó a su novio que trajera a España a una hermana y descubrió entonces, a fecha de 21 de mayo de 2003 y tras haber pagado por ello 2.500 euros, que todo era un "engaño".

De hecho, Hakima, ha sido rotunda al afirmar que ninguna de las supuestas gestiones de su entonces pareja y su hermano se tradujeron en la llegada a España de compatriotas, a excepción, casualmente, de una hermana del propio Hamid G.

Mero intermediario

El aludido, sin embargo, ha circunscrito su intervención en los hechos al papel de mero "intermediario" entre los clientes y su hermano, aprovechando que éste residía en Lérida y "tenía muchos contactos", aunque no ha aclarado si entre ellos figuraban los empresarios también imputados Sergio G.Z, Jeremías R.E. y Francisco Ll.B, que, supuestamente, realizaban las ofertas de trabajo que se presentaban ante la Subdelegación del Gobierno en aquella provincia para cursar los permisos de residencia oportunos.

En cualquiera de los casos, Hamid ha insistido en que él facilitaba a sus compatriotas el teléfono de su hermano y en que a partir de ahí finalizaba su cometido, sin cobrar cantidad alguna."Yo lo hacía por amistad, por hacerles un favor", ha mantenido Hamid, cuya versión de los hechos ha sido, sin embargo, desmontada por los siete compatriotas que contactaron con él para regularizar la situación de familiares y amigos y que, tal y como han ratificado, le entregaron en mano distintas cantidades de dinero para que hiciera las gestiones necesarias.

Por su parte, los empresarios Jeremías R.E. y Francisco Ll.B. han negado haber realizado falsas ofertas de empleo y cobrado por ello, a la vez que han asegurado no conocer a ninguno de los imputados en la causa.

En el primero de los casos, el acusado ha explicado que pecó de confiado cuando aceptó estampar su firma y datos en seis o siete ofertas de trabajo a petición de un constructor para el que trabajaba y con el fin de acabar una obra, al tiempo que ha rechazado haber tenido participación alguna en otras 51 que figuran en la causa, en la línea de lo manifestado por el segundo de los imputados, titular en 2003 de la empresa Multiservicios Escocia y que ha atribuido a una posible suplantación de su persona y mercantil las 303 ofertas de trabajo a extranjeros, 18 de ellas en Valladolid, que la policía le imputa haber realizado en ese periodo.

El juicio, que ha concluido esta tarde, se ha iniciado por la mañana con más de una hora de retraso con motivo de las distintas cuestiones previas realizadas por las partes, entre ellas la petición, con nulo éxito, de suspensión de la vista ante la incomparecencia de uno de los acusados o la prescripción de los hechos invocada por tres de las defensas.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.