La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha calificado este viernes de "insuficientes" las medidas que incorpora el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para limitar los desahucios.

"Es un parche, porque excluye a miles de familias que seguirán sufriendo una situación dramática", ha explicado durante su visita a la 'Feria Inmobiliaria de Viviendas al Mejor Precio' que se celebra en Gijón.

Así, citó varios casos que ilustran los límites de la moratoria. "Una madre o un padre solteros con un hijo a su cargo no podrán acogerse, independientemente de lo extrema que pueda ser su situación, como tampoco podrán hacerlo abuelos o padres que hayan sido avalistas de hijos o nietos y que ahora estén pendientes de que les echen de sus casas", subrayó.

Esther Díaz cree que el Gobierno central tendría que haber apostado "por una reforma más profunda y haber tomado medidas de reforma legislativa, especialmente de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para garantizar que en el futuro no se repita lo que está ocurriendo ahora".

En este sentido, la consejera advirtió de que "las deudas van a seguir creciendo exponencialmente, una vez abierto el proceso de reclamación judicial", como consecuencia de los intereses de demora.

Sobre la negociación que se produjo entre el Gobierno central y el PSOE para intentar consensuar un documento, la consejera destacó que el objetivo final de los socialistas era "conseguir que las personas con deudas pendientes pudieran pagarlas, ofreciéndoles condiciones para que no perdieran sus casas y cumplieran con sus obligaciones de pago". No obstante, incidió en que la moratoria aprobada finalmente "sólo paraliza el desalojo de la vivienda, pero el resto de la ejecución sigue adelante, de modo que la familia afectada continúa dos años más en la casa, pero pierde su propiedad".

La consejera recordó también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha alertado recientemente de que la ley hipotecaria española "no garantiza una protección eficaz de los consumidores".

"La legislación es excesivamente proteccionista para los bancos y las autoridades europeas la consideran incluso abusiva en algunos casos", ha señalado. A su juicio, "si en otros asuntos el Gobierno de España asume a rajatabla las instrucciones europeas, en este caso está aún más justificado impulsar un cambio normativo que acabe con las injusticias y facilite a los jueces instrumentos reales para evitar abusos".