El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de València, el profesor Javier de Lucas, ha calificado de "xenofobia institucionalizada" la política migratoria del Gobierno de Mariano Rajoy y a los desahucios como "ejecuciones sociales".

De Lucas se ha expresado en estos términos en la conferencia que ha pronunciado titulada "Inmigración e integración en España, en tiempos de crisis: síntomas de la patología y elementos para un diagnóstico', dentro del III Encuentro Internacional de Centros de Investigación en Derechos Humanos que se celebra estos días en la Universitat de València, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El profesor ha señalado que "los grupos más vulnerables, y entre ellos los inmigrantes, han sido las primeras víctimas de las políticas de recortes, mal llamadas 'reformas' o 'políticas de ajuste', con las que el Gobierno Rajoy a lo largo de 2012, ha tratado de responder a la indiscutiblemente grave situación de crisis que vive España que permiten hablar de xenofobia institucionalizada e incluso de retroceso preocupante en el Estado de Derecho y en la calidad de la democracia en España".

A su juicio, estas medidas "deben situarse en el programa del neoliberalismo conservador que parece buscar una suerte de acoso y derribo a los derechos sociales de todos los ciudadanos y residentes en nuestro país, no sólo de los inmigrantes".

Asimismo, se ha referido al "implacable abandono de los más vulnerables, incluso ciudadanos españoles, sumidos en el laberinto de una imposible búsqueda de empleo, de iniciativas legislativas impuestas por vía decreto-ley que desnaturalizan servicios sociales básicos como la salud, la educación o las pensiones y acosados por la feroz rapiña de las entidades financieras que practican esas ejecuciones sociales que son los desahucios".

Para el catedrático de Filosofía del Derecho, estas respuestas "hablan de nuestra barbarie ahí donde presumimos de civilización" y "olvidan el viejo aserto de Condorcet contra el colonialismo y el paternalismo, según el cual los pueblos aprenderán que no pueden convertirse en conquistadores sin perder su propia libertad".

Eso es lo que pasará, ha añadido, "si en el orden internacional proseguimos con el perfil neocolonial y paternalista y no aprendemos la lección de la importancia capital de promover políticas de cooperación y codesarrollo mutuas, si nuestras políticas de integración se empeñan en subrayar el modelo de imposición monocultural".

En lo que se refiere al derecho a la salud, De Lucas ha recordado que el pasado 1 de septiembre entró en vigor el real decreto ley 16/2012, cuya aplicación deja sin asistencia sanitaria —salvo urgencias y asistencia a embarazadas—, entre otros, a los inmigrantes irregulares, a los que no les bastará estar empadronados para disponer de tarjeta sanitaria.

"estado de excepción"

Con esta medida, ha asegurado, "se pone a los inmigrantes irregulares en situación de riesgo y de absoluta inseguridad jurídica en lo relativo a un derecho fundamental; se les impone un laberinto administrativo caótico para conseguir la menor prestación". Para los emigrantes, ha añadido, "una vez más no rigen las reglas comunes del estado de derecho, sino un permanente estado de excepción".

En opinión del profesor de Lucas, cualquier alternativa ha de partir de una condición 'sine qua non', como es "derogar el decreto y volver a un sistema de salud basado en derechos sociales universales, no en la prestación de servicios a asegurados o mediante cuotas o recibos".

Para el catedrático, "la clave es optar por medidas que, a diferencia del principio de copago, mejoran la eficiencia y racionalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)". Al respecto, se ha referido al ahorro del 50 por ciento en el consumo inadecuado de medicamentos —que supondría alrededor de 1.100 millones de euros—, o la integración del mutualismo administrativo en el SNS —más de 200 millones de euros—, a la mejora de la gestión de la hospitalización y la reducción en un tercio de las estancias inadecuadas —casi 5000 millones de euros—.

Javier de Lucas también considera "fundamental eliminar los obstáculos que impiden a los emigrantes acceder a un puesto de trabajo".