El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a tramite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, con el que se suspende los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Para la Consejería canaria de Empleo, Industria y Comercio se trata de una "buena noticia", al considerar que reafirma la tesis "de que el triunfo de las energías renovables será una realidad".

De todos modos, dicho departamento ha señalado que "seguirá trabajando para vencer los obstáculos" de las decisiones administrativas impuestas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que "impiden al archipiélago ser un referente en sostenibilidad", según informó el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Al respecto, desde la Consejería de Empleo se recuerda que el Gobierno canario decidió presentar el recurso "ante la negativa de la Administración General del Estado de atender" la propuesta realizada por la Comunidad Autónoma de aprobar un marco singular para las islas en un plazo máximo de seis meses.

Y es que el Ejecutivo regional entiende que el archipiélago dispone de singularidades en el mercado de la electricidad, derivadas de su configuración en seis sistemas eléctricos aislados que tienen una particular incidencia en el ámbito retributivo de las energías renovables como reflejo de su distintiva relación con el sector eléctrico nacional.

Estas especificidades, añadió, "están reconocidas en el marco constitucional y estatutario", lo que ha llevado a que Canarias tenga un tratamiento legal específico a partir de la consideración de Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea (UE).

Así, Canarias propuso en la Comisión Bilateral Administración General del Estado-Comunidad Autónoma, que preside el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, un desarrollo y aplicación del Real Decreto Ley 1/2012 en el archipiélago con respeto del marco jurídico y competencial diferencial de la Comunidad Autónoma, "ya que debe alcanzarse la reducción del déficit tarifario, que lo justifica, con atención a la realidad de los costes energéticos en el archipiélago, en particular, por lo que se refiere a las energías renovables".

Sin embargo, ante la negativa por parte del Gobierno central de aceptar los planteamientos del Ejecutivo canario se interpuso el recurso de inconstitucionalidad que "pone de manifiesto su disconformidad, por motivos jurídicos y competenciales", con la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.