Los forenses encargados de realizar la autopsia al cadáver de María Luisa Blanco, asesinada y posteriormente descuartizada el 23 de junio de 2009 en su vivienda del barrio de Vallobín en Oviedo, han matizado su informe y han asegurado que la causa de la muerte de la mujer fue por intoxicación etílica, "por sí sola hubiese provocado la muerte".

Así lo han afirmado este viernes los forenses durante la vista oral que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias desde el pasado lunes 12 de noviembre.

Los especialista han señalado que se puede asegurar que "la dosis ingerida era potencialmente mortal" y que "por sí sola hubiese causado la muerte". Han añadido además que "el estrangulamiento pudo colaborar pero, lo que en último extremo provoca la muerte, es la ingesta de alcohol".

Durante estos días de juicio, dos de los tres acusados, Pablo B. , hermano de la víctima, y Cristian M. han declarado que fue Jesús V. la persona que hizo a la víctima beberse una botella entera de whisky, "primero se la metió en la boca con la mano mientras ella estaba tumbada en el suelo y posteriormente empujaba la botella con el pie", declararon ambos acusados.

Los forenses han explicado ante el tribunal que la víctima presentaba numerosas contusiones que probarían que fue maltratada incluso cuatro semanas antes de la fecha de la muerte. Lo que no han podido corroborar los informes ha sido la existencia de agresión sexual.

Informes de imputabilidad

Los mismos peritos se han referido a los informes de imputabilidad de los tres procesados. Así, sobre Pablo L. B., han destacado que es una persona "que presenta retraso mental y déficit de inteligencia". Han añadido que si bien es una persona que "comprende el alcance de sus actos", al verse sometido a la situación de "estrés y maltrato constante" y verse rodeado de un núcleo familiar con carencias y retraso mental, "hace que sea razonable el comportamiento que tuvo". Consideraron incluso que en los momentos del asesinato de su hermana "podía tener abolida su capacidad".

Así, han insistido en es una persona "manipulable e influenciable". Lo han hecho ante las preguntas del presidente del Tribunal, que un día más ha insistido en preguntar a los peritos por la posibilidad que tuvo Pablo L. B. de denunciar lo que sucedía en la vivienda a la Policía o incluso a su padre. "Es como si hablásemos de un niño de nueve años que está atemorizado", han destacado los forenses.

Respecto a los informes del resto de imputados, el de Jesús V. determina que "es un psicópata", una persona que es "consciente de todo lo que hace". Por su parte el de Cristian M. destaca que no se aprecia en la persona "ningún rasgo de trastorno mental que menoscabe su inteligencia y conocimiento de los hechos".

Una vez escuchado a los últimos testigos y peritos, el Ministerio Fiscal ha decidido mantener la petición de penas inicial. Así ha reiterado la solicitud de 111 años y 11 meses de cárcel para cada uno de los acusados C.M.P. y J.V.B, al tiempo que pide una condena de 25 años y 8 meses de prisión junto con el pago de una multa de 540 euros para el tercero de los imputados, P.L.B.B., hermano de la víctima.

En sus conclusiones el Ministerio Fiscal ha destacado que la exposición del supuesto cabecilla, Jesús V. "ha sido un auténtico despropósito y ha resultado increíble". Así ha indicado que el miedo invocado por el acusado es "una tomadura de pelo".

Ha reconocido además la situación de "maltrato, estrés y auténtica crueldad" a la que estaban sometidos la asesinada, su madre y su hermano, pero a dejado a decisión de la Sala determinar si el miedo insuperable es o no un eximente completo en el caso de Pablo L. B.

"La justicia ha de aplicarse pero la equidad también. Esperamos una respuesta conforme a lo interesado por la fiscalía teniendo en cuenta la crueldad de los hechos y esperamos que al menos en el caso de Jesús V. y Cristian M. la respuesta sea severa y en el grado máximo", ha destacado Tomás Álvarez Buylla.

Por su parte la acusación particular ejercida por Ángeles Lázaro, ha modificado la petición de penas. Así mientras mantiene la solicitud de 121 años y 11 meses para Jesús V. y Cristian M,. en el caso de Pablo L. B., hermano de la víctima, la abogada que representa al padre de ambos ha cambiado la solicitud de una pena de 24 años por la absolución, al considerar el miedo insuperable como eximente completo.

El abogado de Jesús V., Luis Arboleya, ha mantenido la solicitud de libre absolución para su defendido argumentando que existen "dudas más que razonables" que han quedado patentes en estos días. Así ha manifestado que buena parte de las pruebas únicamente han sido acreditadas por las declaraciones exculpatorias del resto de imputados.

Además, respecto a la matización de los forenses sobre la causa de la muerte de María Luisa Blanco, Arboleya ha indicado que "no se sabe si existe o no la botella de la que hablan", además se ha mostrado "sorprendido" de que ocho meses después cambien las conclusiones del informe por lo que ha anunciado que pedirá que se deduzca testimonio a los forenses.

La defensa de Pablo L. B., ejercida por Fernando Barutell, ha asegurado que "por sentido común y por justicia" su defendido merece la libre absolución y ha reiterado que Pablo "es un perjudicado más de lo ocurrido", ya que era una persona con las capacidades "mermadas e incluso abolidas en el momento del asesinato".

El abogado de Cristian M., Julio Noriega, también ha pedido al Tribunal que "aplique la equidad", ya que ha indicado que no pude aplicarse la misma pena a los tres acusados por asociación. Noriega ha insistido en destacar el retraso mental de su defendido. "Cristian es un idiota. Lo digo en el término médico, es un inadaptado social, un retrasado mental", ha dicho.

El juicio, por el macabro asesinato ocurrido en la noche de San Juan de 2009, ha quedado este viernes visto para sentencia.