El diputado del PSC Albert Soler considera, después de haber sido exonerado por el juez instructor del caso Nóos, que es el Ayuntamiento de Barcelona el que ahora debe dar explicaciones, ya que fue el Consistorio el que le requirió documentación sobre un servicio encargado al Instituto que presidía Iñaki Urdangarin.

Soler fue citado en calidad de imputado después de que, ante un requerimiento de la Gerencia del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona sobre el paradero del servicio encargado a Nóos cuando era director general de Deportes de la ciudad, el diputado mostrase su desconocimiento acerca de si finalmente se archivó dentro del expediente algún documento que hiciera referencia a los trabajos o resultados conseguidos.

Así, el desconocimiento plasmado por Soler y el hecho de que la Gerencia informase de la inexistencia de documentación alguna que acreditase la realización del encargo determinó que el Juzgado procediese a su encausamiento, sin advertir entonces su condición de aforado por ser diputado en el Congreso.

En declaraciones a Europa Press, Soler ha hecho hincapié en que el juez ha decidido no llamarle a declarar como imputado "no por ser aforado", sino porque, como apunta el propio auto del juez, el encausamiento carece de "base objetiva".

"La mal llamada condena del telediario no me la quita nadie, pero se ha demostrado que no hice nada irregular. Si alguien tiene que dar explicaciones es el Ayuntamiento de Barcelona", ha subrayado el diputado del PSC, que en 2011 fue secretario de Estado para el Deporte en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En su resolución judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma afirma que la documentación, relativa a un contrato menor de 12.000 euros para el diseño de actividades dirigidas a dinamizar las grandes ciudades europeas ligadas al deporte, ha sido aportada por el parlamentario sin que éste fuese requerido para ello una vez recuperados del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, donde se hallaban archivados.

El juez anuncia de esta forma que, en razón a lo que hasta el momento ha sido investigado, no será remitida al Congreso de los Diputados ninguna exposición razonada que determinase la competencia para instruir estos hechos.