El Pleno del Ayuntamiento de Burgos da cuenta de la renuncia al cargo del exconcejal de NN.TT, Eduardo Villanueva

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha dado cuenta este viernes de la renuncia al cargo del exconcejal popular de Nuevas Tecnologías (NN.TT), Eduardo Villanueva, después de que éste presentase su dimisión por un uso indebido de un terminal de propiedad municipal para la descarga de datos, por el que se llegó a emitir una factura de 207.000 euros.

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha dado cuenta este viernes de la renuncia al cargo del exconcejal popular de Nuevas Tecnologías (NN.TT), Eduardo Villanueva, después de que éste presentase su dimisión por un uso indebido de un terminal de propiedad municipal para la descarga de datos, por el que se llegó a emitir una factura de 207.000 euros.

La renuncia al acta, que se ha presentado sin la presencia del ex edil en el Salón de Plenos, se produce después de que Villanueva presentase oficialmente su dimisión, tras la solicitud en este sentido del presidente del PP de Burgos, César Rico, y el alcalde de la capital burgalesa, Javier Lacalle.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre abril y mayo de 2011, cuando la compañía telefónica emitió una factura de 207.000 euros sobre el terminal en cuestión, del que el ex edil poseía cuatro duplicados, tres de ellos en su poder.

Después de varias conversaciones entre la compañía telefónica y el Ayuntamiento de Burgos la factura se redujo a algo más de 128.000 euros, que el consistorio abonó a través del paquete de facturas adheridas al Plan Montoro, pese a que existía una orden del Área de Hacienda de no hacer frente al pago, que finalmente la empresa de telefonía reembolsó.

Las investigaciones pertinentes, revelaron que existió un "error en la aplicación de la tarifa plana" sobre el terminal del exconcejal, aunque reconocieron un "consumo desorbitado" e "inapropiado", teniendo en cuenta la titularidad municipal del terminal.

En un comunicado recogido por Europa Press tras el conocimiento público de la factura, el exedil defendió su inocencia, a la vez que denunció un "linchamiento público" hacia su persona, pese a lo que presentó su renuncia al acta de concejal.

El caso llegó a los Tribunales a través de sendas denuncias del Partido Castellano en Burgos (PCAS) y UPyD, con las que se pretenden esclarecer todos los detalles de lo ocurrido, así como los gastos que generó el terminal del exedil en los años 2010 y 2011, cuando se produjeron otras facturas elevadas.

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