Forenses descartan que el discapacitado que murió en 2008 en el hospital se autolesionara

Los forenses y el médico que atendieron al discapacitado que murió en octubre de 2008 en un hospital granadino un mes después de supuestamente haber sido víctima de una paliza en su propio domicilio, en Granada capital, han afirmado que las lesiones que presentaba su cuerpo fueron producto de una agresión y han descartado que pudieran ser 'autoprovocadas', en contra de los argumentos esgrimidos por las defensas de los acusados en este caso, un padre y sus dos hijos que están siendo enjuiciados por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Granada desde este lunes.
Acusados de matar a un disminuido, a juicio en la Audiencia de Granada
Acusados de matar a un disminuido, a juicio en la Audiencia de Granada
EUROPA PRESS
Acusados de matar a un disminuido, a juicio en la Audiencia de Granada

Los forenses y el médico que atendieron al discapacitado que murió en octubre de 2008 en un hospital granadino un mes después de supuestamente haber sido víctima de una paliza en su propio domicilio, en Granada capital, han afirmado que las lesiones que presentaba su cuerpo fueron producto de una agresión y han descartado que pudieran ser 'autoprovocadas', en contra de los argumentos esgrimidos por las defensas de los acusados en este caso, un padre y sus dos hijos que están siendo enjuiciados por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Granada desde este lunes.

Asimismo, en la sesión de este jueves, han declarado los peritos encargados de analizar la imputabilidad de dos de los tres acusados que, según sus abogados, presentan un retraso mental. Según los expertos, el padre, que supuestamente tiene la edad mental de un niño de 8 años según su letrada, es completamente consciente de lo que está bien y lo que está mal, mientras que su hijo sí tiene sus capacidades volitivas y cognitivas "disminuidas" aunque no completamente anuladas, con lo que ambos serían susceptibles de ser condenados por sus hechos.

La Fiscalía, la acusación particular y las defensas presentarán este viernes sus conclusiones e informes finales, de manera que el jurado podrá reunirse con posterioridad para decidir el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, han informado a Europa Press fuentes del caso.

El Ministerio Público pide inicialmente para cada uno de los inculpados, Rafael G.G., Ismael G.R. y Rafael G.R., los tres sin antecedentes penales, 15 años de prisión por un posible delito de homicidio con la circunstancia agravante de abuso de superioridad, la misma condena que solicita la acusación particular, que ejerce la madre y las dos hermanas del fallecido, al que presuntamente torturaron en su propia casa, en la capital granadina, atándole con cuerdas, propinándole puñetazos y golpes y quemándole con cigarrillos en rodillas y boca, para que les entregara dinero.

Durante la primera sesión, los tres acusados negaron su participación en lo ocurrido y aseguraron que la víctima, Gregorio M.G., se trataba de un amigo con el que ya no mantenían relación desde hacía años.

Los procesados, de 57, 29 y 27 años respectivamente, dijeron que nunca estuvieron en el domicilio del ya fallecido, donde fue encontrado por su madre tras supuestamente haber sido víctima de una brutal agresión, y que no tenían conocimiento de que había recibido una herencia, que podría considerarse el móvil de sus presuntos asaltantes.

Las defensas sostienen que sus patrocinados no son culpables de lo ocurrido, y han mantenido que el fallecido, que tenía una minusvalía mental y otra física que limitaba sus movimientos, pudo autoinfligirse las lesiones que presentaba, al caerse o sufrir un ataque epiléptico, y que las quemaduras se debieron a que era un "fumador empedernido" que solía prender su propia ropa a algunos de los muebles de su casa.

Además, según mantienen, era un alcohólico crónico y, a veces, según han dicho los letrados de los acusados, sufría "alucinaciones" por la fuerte medicación que tomaba. De hecho, atribuyen la denuncia y el "curso de la investigación" al "empeño" y la "obsesión" de la madre del fallecido con los tres acusados, con los que al parecer no tenía buena relación, especialmente con el padre, a quien acusaba de haberse aprovechado de su hijo pidiéndole dinero.

Acusación de la fiscalía

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la madrugada del pasado 26 de septiembre de 2008, cuando Gregorio M.G., que padecía una debilidad mental ligera, con una minusvalía reconocida del 65 por ciento, se encontraba durmiendo en su domicilio de la calle Severo Ocho de Granada capital, y entraron en su casa los tres inculpados, acompañados de una cuarta persona que no ha podido ser identificada.

"Con ánimo de acabar con su vida", le ataron con cuerdas, le propinaron puñetazos y golpes por todo el cuerpo, y le quemaron con cigarros exigiéndole una cantidad no determinada de dinero que Gregorio se negó a entregar, dejándolo inconsciente los procesados en el suelo de su habitación, donde fue encontrado por su madre dos días después, a las 16,00 horas.

Tras ser atendido por un equipo de emergencias del 061, fue ingresado en el Hospital Virgen de las Nieves con pronóstico muy grave y con un número importante de heridas en ambas rodillas, algunas de las cuales se correspondían con quemaduras de cigarrillos, que también tenía en la boca, erosiones en barbilla y en el tórax, fractura de hombro derecho, y luxación de la cabeza del húmero de ambos brazos. Estas lesiones, señala el fiscal, fueron producidas al haber sido atado con las manos detrás del cuerpo y levantado hacia arriba con gran violencia.

Ingresó en la UCI el día 29 por bajo nivel de conciencia en contexto de agresión y politraumatismo, y desarrollo una insuficiencia renal, cuadro séptico y de neumotórax traumático, por lo que finalmente falleció justo un mes después de la agresión, el 26 de octubre a las 6,10 horas.

El fallecido tenía 49 años y vivía con su madre, para la que el fiscal pide una indemnización de 120.000 euros, que deberían abonar, en su caso, los procesados de manera conjunta y solidaria.

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