UCA-UCE pide la paralización "inmediata" de todos los desahucios y pide cambios en la legislación procesal

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha pedido la "paralización inmediata" de todos los procedimientos de desahucio que hay en todos los juzgados de España e insta al Ministerio de Justicia a cambiar la legislación procesal aplicable.

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha pedido la "paralización inmediata" de todos los procedimientos de desahucio que hay en todos los juzgados de España e insta al Ministerio de Justicia a cambiar la legislación procesal aplicable.

En una nota, UCA-UCE ha indicado que todo a la espera del pronunciamiento definitivo del Tribunal Europeo, y ha reclamado asimismo un pronunciamiento "urgente" del Ministerio de Justicia sobre la posible cláusula abusiva, toda vez que considera que la normativa española sobre desahucios derivados de las ejecuciones hipotecarias "incumple la Directiva comunitaria de Protección del Consumidor frente a cláusulas abusivas".

Agrega que las normas que regulan en España los desahucios por el impago de una hipoteca "son incompatibles con las reglas europeas de protección de los consumidores", según un dictamen publicado por la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott.

"En España un propietario no puede paralizar la ejecución hipotecaria alegando, como en este caso, que el contrato con la entidad contenía cláusulas abusivas", se lamenta la organización.

Por ello, la Unión de Consumidores espera y confía en que el Tribunal de Justicia "tome en consideración este dictamen de la Abogada General, y ello obligue al legislador español a modificar la normativa procesal en materia de ejecución hipotecaria de manera urgente, y proceda a paralizar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria".

Para UCA-UCE, "resulta lamentable que ni el legislador español haya observado esta cuestión, como tampoco lo hayan hecho ni los notarios ni registradores que cobran por controlar que no existan cláusulas abusivas en los documentos que autorizan, ni el poder judicial que ha necesitado tener en la calle a miles de ciudadanos para reaccionar y posicionarse en contra de esta legislación".

Agrega que, por su parte, el Gobierno "ahora que los bancos están capitalizados por el aval de todos los ciudadanos y les sobran inmuebles, corre a ponerse de acuerdo con los partidos de la oposición con procedimientos de urgencia para salvar en primera instancia a las familias con cargas de personas mayores y de niños".

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