El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, entiende que "no se debe hacer la entrega" de los restos óseos del caso Bretón a la familia materna de Ruth y José, los dos niños supuestamente asesinados por su padre, José Bretón, el 8 de octubre de 2011, "hasta que no haya una sentencia firme".

En declaraciones a Europa Press, el fiscal jefe ha detallado que el Ministerio Público ha emitido al respecto un informe sobre una petición del juez instructor del caso, José Luis Rodríguez Lainz, tras reclamar la familia materna de los niños dichos restos para poder darles sepultura.

En este sentido, manifiesta que "hasta que no haya una sentencia que aclare la identificación y características de los huesos es objeto de discusión", y por tanto, "se debe mantener como prueba para el juicio". En este caso, "el punto de vista de la defensa de que los restos no son de los niños", algo que una sentencia firme debe dictaminar, aunque, asevera que "desde la Fiscalía se mantiene que sí son los huesos de Ruth y José".

Al respecto, Martín-Caro asegura que comprende y se pone "en el lugar de la familia", es más, "estoy más cerca del punto de vista de la familia que el otro punto de vista", pero "hay que entender los dos", como sostiene el fiscal jefe, quien reitera que mientras los restos "sean objeto de discusión, hay que discutirlo en el juicio" y además que "haya una sentencia firme que diga que los restos son o no son" de los niños.

Una vez celebrado el juicio con jurado, las partes puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y "si no se está conforme con la sentencia" cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), que dictaría sentencia firme por la vía ordinaria, como indica el fiscal jefe.

Oposición de la defensa

Por su parte, el abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, también ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba oponiéndose a la entrega de los restos, como ha adelantado la prensa provincial y ha indicado a Europa Press, dado que asegura que los restos le van a "hacer falta" en el juicio, como parte de su línea de defensa, tras no hallarse el ADN de los pequeños en los restos.

Así, recuerda que "los restos no se pueden entregar" a la familia materna como pide para enterrarlos, porque "son una prueba", a lo que agrega que "no es nada personal mío ni que quiera hurgar en la herida, ni hacerle daño a la familia materna", y es que, "en el momento del juicio me van a hacer falta", como apostilla.

Al respecto, el juez Rodríguez Lainz dictó una providencia por la que pedía al Instituto Nacional de Toxicología y a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que entregaran en su juzgado los restos óseos hallados en la hoguera de la finca de Las Quemadillas y que han sido analizados por los forenses y técnicos del ente científico.

Mantener la "debida custodia"

En concreto, el magistrado Rodríguez Lainz hace dos apreciaciones en su providencia. Por un lado, estima que la devolución de los huesos, que varios informes periciales han determinado que pertenecen a niños de seis y dos años, se hace con el objetivo de mantener su "debida custodia a los efectos de la presente causa". Y también solicita al Instituto Nacional de Toxicología que adopte las medidas oportunas para evitar el posible deterioro de los restos en su transporte, ya de por sí estropeados por su estado de calcinación —pudieron ser quemados a temperaturas de 800 grados—.

Mientras, el Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela dispuso de dos piezas dentales y una raíz para intentar hallar ADN que pudiera ratificar científicamente la identidad de estos vestigios, pero como ya avanzó el forense Ángel Carracedo, es "imposible" dar con la clave genética de los mismos.