La Junta de Andalucía registró el pasado martes en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social toda la documentación justificativa de los fondos referentes al Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, según ha confirmado a Europa Press el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, quien acusa a la ministra del ramo, Fátima Báñez, de "manipular el proceso habitual de justificación administrativa sobre los fondos del Plan Integral de Empleo".

Ávila considera que la ministra pretendía con sus declaraciones "lanzar una cortina de humo y manipular las habituales relaciones administrativas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno con tal de tapar su verdadera intención, que es negar a Andalucía un plan especial de empleo que sí concede a Extremadura y Canarias".

Para el consejero, la ministra de Empleo y Seguridad Social "no acaba de entender que, desde su posición en el Gobierno de España, no puede gobernar adoptando posturas partidistas y castigando a los andaluces en un tema tan sensible en estos momentos como es el Empleo".

Asimismo, denuncia que Báñez "manipula el proceso habitual de justificación administrativa sobre los fondos del Plan Integral de Empleo", un proceso en el que, según explica, "se le solicitó una ampliación de plazo, que se concede habitualmente a cualquier ciudadano, y que en cambio negó a una administración como la Junta de Andalucía".

No obstante, Ávila resalta que la Junta "ya ha culminado la justificación de los fondos y ha entregado al Ministerio toda la documentación".

Por ello, insiste en que la ministra "debería dejar de manipular las habituales relaciones entre administraciones y preocuparse más por aclarar a los andaluces por qué recorta en un 57 por ciento los fondos que recibe Andalucía para Políticas Activas de Empleo, con casi 400 millones de euros menos; por qué suspende la financiación para mantener a los más de 1.000 técnicos, entre Alpes y promotores de empleo, con lo que deteriora los servicios de atención a los desempleados en Andalucía; y por qué niega a la comunidad autónoma, de forma reiterada, un plan especial de Empleo que permitiese al Gobierno andaluz abordar la situación".

"La respuesta de la ministra ha sido discriminar a la comunidad autónoma aprobando planes especiales para Extremadura y Canarias, cuyo peso proporcional en el número de desempleados a nivel nacional es del 2,3 por ciento y el 6,6 por ciento, respectivamente, muy por debajo del 24 por ciento andaluz", ha agregado.

Plan bahía competitiva

Por otro lado, el consejero ha asegurado, en relación con las ayudas de reindustrialización del Plan Bahía Competitiva, que "fue la eficacia de los controles de las ayudas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la que permitió detectar presuntas irregularidades de empresas que solicitaban acogerse a las ayudas de reindustrialización del Ministerio de Industria".

En este sentido, ha explicado que el 30 de marzo de 2011 se comunicaron al servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, perteneciente al Banco de España, los "defectos" detectados en proyectos empresariales pertenecientes a un grupo del mismo empresario —Álberto Dávila Ouviña—, mientras que posteriormente, el 5 de abril, "se trasladaron los hechos a la Fiscalía de Sevilla, concretamente a la sección de Delitos Económicos".

Apunta que "también fueron los representantes de la Junta de Andalucía los que se reunieron con responsables del Ministerio de Industria para alertar de las presuntas irregularidades, con el objetivo de que éste pudiera activar los procedimientos de reintegro de las ayudas concedidas por el Gobierno central".

Ávila ha dejado claro que este grupo de empresas "nunca ha cobrado una ayuda de la Junta de Andalucía, es decir, ni un solo céntimo del presupuesto de la Junta se ha destinado a esta empresa".

Las sociedades investigadas, todas vinculadas con Ouviña, son Cádiz Solar Center; Soluciones Tecnológicas Ambientales; Aquandalucia; Sostenibilidad, Ecologia, Agua; y Bagazo.