El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución por la que se aprueba y publica el acuerdo al que llegó con los sindicatos para minimizar el recorte de liberados sindicales en la Administración General del Estado (AGE) incluido inicialmente en el decreto de julio.

Según el decreto, los liberados sindicales, que en la AGE ascendían a 1.260 trabajadores, se recortarían en un 100%, por lo que todos tendrían que volver a sus puestos de trabajo y abandonar sus tareas de representación. Sin embargo, con este acuerdo suscrito por todas las organizaciones sindicales el recorte será finalmente del 70%.

El acuerdo publicado en el BOE establece el número de miembros que deben componer las Mesas Generales de Negociación previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público, las Mesas Delegadas de la Mesa General, así como de la Comisión Paritaria y las Subcomisiones Delegadas dependientes.

Por ejemplo, las Mesas Generales de Negociación tendrán cada una 30 miembros, 15 en representación de la Administración y 15 en representación de las organizaciones sindicales. Además, habrá una Mesa Delegada por cada departamento ministerial y una más en la Agencia Tributaria, CSIC; Ingesa, Instituciones Penitenciarias, Tráfico, Seguridad Social y Servicio Público de Empleo Estatal.

La Comisión Paritaria estará formada por 15 miembros de cada una de las partes y habrá tantas subcomisiones como departamentos ministeriales, además de una para el Consejo de Seguridad Nuclear, CSIC, Ciemat, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias.

Además, se determina lo que se considera centro de trabajo, con lo que se pretende, según Hacienda, poner fin a una "larga controversia" ante las diferentes instancias judiciales entre la Administración y las organizaciones sindicales en relación con lo que debería entenderse por dicho concepto.

Centros de trabajo

Así, se entenderá como centro de trabajo cada uno de los departamentos ministeriales incluidos sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y todos los servicios provinciales de Madrid.

De la misma forma, se entenderá como centro cada agencia y ente público u organismo no incluido en el apartado anterior para todos los servicios que tenga en la Comunidad de Madrid, así como cada delegación y subdelegación de Gobierno. En la administración de Justicia, habrá un centro de trabajo en cada provincia, integrado por todas las unidades que corresponde a los servicios no transferidos.

El acuerdo también dota a las organizaciones sindicales de una serie de recursos y tiempos necesarios para la negociación, la representación y la participación institucional y especifica cómo debe hacerse la designación de delegados sindicales y como se hará la cesión de créditos horarios y la constitución de una bolsa de horas.

Además, regula la gestión de esta bolsa de horas, que corresponderá a la Dirección General de la Función Pública, y el uso de los créditos horarios, que no podrá superar las 150 horas mensuales para cada representante o delegado sindical.

Permisos sindicales

Finalmente, fija un procedimiento para conceder los permisos sindicales para realizar actividades de negociación a través de la Dirección General de la Función Pública, que comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de aprobación por las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado y su duración se extenderá al 31 de diciembre. Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes antes de que concluya su vigencia. Si se agota su vigencia sin denuncias, se considerará tácitamente prorrogado por periodos anuales sucesivos.

Además, se constituye una comisión paritaria de seguimiento de las garantías establecidas compuesta por dos miembros de cada una de las centrales sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación y por un número de representantes de la Administración igual al de las centrales sindicales.

Un recorte "bestial" con cosas positivas

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que el acuerdo supone un recorte "bestial" de los recursos, porque reduce el número de liberados sindicales de 1.260 a 400, aunque minimiza el decreto de julio, que pretendía reducir estos representantes en un 100%.

Además, contiene alguna cosa positiva, como el mayor control sobre las horas sindicales, la definición de centro de trabajo y el desarrollo de algunas mesas de negociación que contempla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materias como la enseñanza, la justicia y la universidad.