El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, y la parlamentaria socialista Remedios Martel han criticado este martes que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno del PP obliguen a ocho de cada 10 malagueños a pagar por servicios como los de sillas de ruedas, prótesis o ambulancia.

Heredia ha recordado en rueda de prensa que el pasado 4 de noviembre entró en vigor el copago en la cartera de servicios sanitarios suplementarios, que incluye los tratamientos dietoterápicos y el material ortoprotésico.

Los primeros se aplican a pacientes que padezcan trastornos como la intolerancia a la lactosa. El segundo se refiere a las prótesis externas, donde se contemplan, entre otras, los audífonos, las prótesis de mano, de mama o del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos.

También se refiere a un grupo de sillas de ruedas —manuales, recambios y eléctricas—, y de prótesis, ortoprótesis especiales y renovación de los componentes externos de implantes quirúrgicos, entre otras cuestiones.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha fijado que la aportación que tendrá que pagar el usuario para acceder a esta cartera suplementaria será de entre el 10 y el 60 por ciento del precio establecido, dependiendo de su condición de asegurado por su nivel de renta y del producto, tal y como se ha establecido con el copago farmacéutico, ha apuntado Heredia.

La norma, aprobada mediante un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que tendrán que pagar hasta un 60 por ciento del precio de oferta del producto los usuarios y sus beneficiarios con rentas declaradas que superen los 100.000 euros y en este caso no se aplicará el límite máximo de aportación.

Por otro lado, tendrán que pagar el 50 por ciento del precio del producto quienes tengan una renta igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros. Mientras tanto, abonarán un 40 por ciento los que posean ingresos inferiores a los anteriores umbrales y un 10 por ciento del precio los pensionistas y personas con ingresos por debajo de los 100.000 euros. "Es decir, ocho de cada 10 malagueños pagarán al menos el 40 por ciento por estos servicios", ha resaltado Heredia.

Quedarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico, los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas, los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.

Transporte sanitario no urgente

Heredia ha indicado que de los servicios de la cartera suplementaria queda por aprobarse el transporte sanitario no urgente. "Gracias a la presión del Gobierno andaluz, el copago del transporte sanitario no urgente no afectará a aquellos pacientes que por prescripción facultativa deban ser trasladados a un centro sanitario para recibir un tratamiento periódico e ilimitado en el tiempo, caso de los enfermos renales que están sometidos a diálisis", ha precisado.

Según el dirigente socialista, la Junta de Andalucía "siempre se ha opuesto a la aplicación de copago a dietoterápicos, ortoprótesis y transporte sanitario no urgente". En este sentido, ha denunciado que se penalice reiteradamente a los mismos colectivos.

Así, ha criticado que una persona que requiera de hemodiálisis para su supervivencia y a la que se le exija copago pague entre 1.300 euros y 7.800 euros al año, en función de si es pensionista o activo, a lo que tendría que sumar el pago de la medicación —alrededor de 10 medicamentos en el caso de la insuficiencia renal—. "Actualmente, en Andalucía hay más de 4.000 personas en diálisis crónica", ha apuntado.

Asimismo, en el caso de que una persona haya sufrido un accidente vascular cerebral y necesite rehabilitación —unos 4.000 pacientes al año en Andalucía y unos 850 en Málaga— y medidas adicionales como silla de ruedas, andador o bastones ortopédicos, podría tener que pagar entre 1.500 y 9.300 euros por un tratamiento de seis meses, incluido el transporte sanitario no urgente.

"La puesta en marcha del copago en estos aspectos no sólo es desigual, sino que no supone ahorro alguno, dado que genera un coste burocrático adicional que no justifica su aplicación, sin tener en cuenta el coste sanitario que supone para las personas no tener acceso a tratamientos fundamentales para su salud", ha expresado.

También Heredia ha advertido de que "el PP está machacando a la población en general y particularmente a los mayores; uno de cada cuatro enfermos crónicos no pueden seguir medicándose por falta de recursos".

Por su parte, Martel ha asegurado que las medidas comentadas por Heredia, más el denominado 'medicamentazo' y el copago farmacéutico "tendrán un impacto de dos millones de euros al mes en el conjunto de los pensionistas y los malagueños".

No obstante, ha recordado que el pasado 1 de septiembre entró en vigor la exclusión de la financiación de los expectorantes, laxantes, mucolíticos, antitusivos o antidiarreicos, por lo que "el PP está poniendo en riesgo la salud de los malagueños que tienen menos recursos económicos".

Martel ha apuntado que "mientras la ministra de Sanidad, Ana Mato, mira para otro lado, otros dirigentes del PP en las comunidades autónomas apuestan por el euro por receta y la privatización de los hospitales públicos", en referencia a las últimas medidas adoptadas en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

"Frente a esto, el Gobierno de José Antonio Griñán ha demostrado que hay alternativas como la subasta de medicamentos, la utilización de la tarjeta electrónica y la altísima prescripción de genéricos, medidas que ha rechazado el PP y que van en la línea de una mejor gestión del gasto farmacéutico", ha concluido.