Las mismas fuentes indicaron que la juez Gallego mantuvo la condición de imputado a Ramírez, como es habitual en este tipo de procedimientos, mientras se realizan las diligencias de investigación pertinentes.

Su abogado y la fiscal adscrita al caso estuvieron presentes en el interrogatorio del agente, quien evitó a su salida de las dependencias judiciales contestar a las preguntas de la prensa.

La labor de Garzón

La decisión de la juez Gallego se produce después de que el juez Garzón concluyera que Ramírez, al rechazar un informe de sus tres subordinados  en el que se incluían unas observaciones que relacionaban el 11-M y ETA y designarse a sí mismo para elaborar un nuevo dictamen, "estaba dentro de sus competencias como jefe de sección".

El magistrado insistió sobre este punto en el auto en el que acordó inhibirse de la investigación sobre la supuesta falsedad del informe en favor de los Juzgados de Madrid, en el que avaló la actuación de los superiores de los tres peritos, que el 21 de marzo de 2005 rechazaron su informe y al día siguiente entregaron al juez que investigaba el 11-M otro sin las citadas observaciones.

"La eliminación de las referidas observaciones (...) era no sólo oportuna sino necesaria, porque ni eran ciertas ni científicamente eran sostenibles", decía Garzón, que añadía que quien visó el informe "tenía la obligación de cumplir esas normas de control de calidad de la Comisaría General de Policía Científica (...) y ello aunque no se hubiera sugerido la posible conexión ETA-islamistas".

Las diligencias seguidas en la Audiencia Nacional fueron enviadas por Garzón al Juzgado Decano de los de Madrid, que decidió remitirlas a la juez Gallego, quien ya investigaba varias denuncias que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la plataforma España y Libertad presentaron contra los superiores de los tres peritos imputados.

La juez, candidata por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tomó declaración el pasado día 6 a dos de los tres peritos y suspendió la del tercero, prevista para tres días más tarde, para estudiar la documentación remitida por Garzón.

Esta misma semana ha comenzado los trámites para resolver el recurso que los peritos interpusieron contra el auto en el que Garzón les imputó un delito de falsedad, castigado con entre 3 y 6 años de prisión.