El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, presidido por el magistrado Jesús Flores, ha suspendido este martes el juicio previsto contra el exalcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, para estudiar si es o no competente en este caso, tras la petición de las cuatro defensas de los acusados en el proceso.

Concretamente, los cuatro letrados han sostenido que el auto de incoación de procedimiento abreviado no contemplaba algunos de los hechos incluidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, que atribuye al exregidor un delito continuado de prevaricación que no valoró el juez instructor.

La pena de inhabilitación solicitada por el fiscal supone más de diez años de inhabilitación y correspondería a la Audiencia el enjuiciamiento del caso, pero, si se atienen los hechos a lo pronunciado en el auto, el asunto podría corresponder a un juzgado de lo penal, ya que la calificación de prevaricación no continuada implica una pena de inhabilitación menor.

Sin embargo, la Fiscalía de Granada ha sostenido que toda la instrucción del caso ha girado en torno a los hechos que recoge en su escrito de acusación provisional, de manera que enjuiciarlos así no supondría la "indefensión verdadera y real" de los procesados, porque ya se habrían fijado "los límites del debate".

El letrado Jorge Aguilera, como portavoz de los cuatro defensores, ha justificado que el auto de incoación es "absolutamente claro" con respecto al objeto del juicio, ya que alude a una única actuación urbanística y no a toda la operación referida por el fiscal, y que supondría solamente un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación genérica, ninguno en su carácter continuado, de manera que la Audiencia "no sería el tribunal competente".

Acto seguido, el magistrado Jesús Flores ha decidido suspender la vista para estudiar el asunto, lo que podría producirse en los próximos días, si bien la Fiscalía podría recurrir la resolución si se mandara la causa a un juzgado de lo penal, y el tema tendría que ser valorado finalmente por el Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Tras la suspensión del juicio, los periodistas han intentado recabar la opinión del exalcalde, si bien éste no ha querido hacer declaraciones.

La acusación provisional de la fiscalía

En principio, el Ministerio Público atribuye a Sánchez la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria, otro de prevaricación urbanística y un tercero de malversación de caudales públicos, por los que se enfrenta a cuatro años y medio de prisión, 18 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 6.000 euros.

También están inculpados el consejero delegado de la empresa municipal 'Proyecto Atarfe', Antonio Ibáñez, el arquitecto y el secretario municipales.

Ibáñez y el secretario, José Antonio L.G., se enfrentan a diez años de inhabilitación y tres de cárcel, además de multa de 6.000 euros, por prevaricación ordinaria y malversación de caudales públicos; y el arquitecto, Luis Gustavo G.C., a la misma pena que el exregidor, por prevaricación ordinaria, urbanística y malversación, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

La Fiscalía, que abrió diligencias por este asunto tras una denuncia del PP, mantiene que Sánchez, que además de alcalde era presidente de la empresa 'Proyecto Atarfe, y el resto de procesados participaron en 2005 en una operación urbanística para aumentar la edificabilidad de una parcela situada en la Unidad de Ejecución Residencial número 12 (UER-12), donde hoy existen 12 bloques de pisos con casi 400 viviendas, mediante un estudio de detalle, una figura que no contempla la legislación urbanística en el caso de este tipo de modificaciones, y además vendió el patrimonio municipal obtenido como aprovechamiento urbanístico a un precio inferior a la valoración correcta.

Concretamente, el 8 de marzo de 2005, el entonces alcalde aprobó inicialmente el cambio tipológico de edificación de la parcela, con dictamen favorable del arquitecto, pero sin el preceptivo informe jurídico que debía haber emitido el secretario, y el 31 de mayo de 2005 el estudio de detalle, que incluía los cambios de densidad, recibió el visto bueno definitivo del pleno municipal.

Con esta operación, los procesados consiguieron modificar "ilícitamente" el tipo de construcción permitida en esa parcela, con un aumento de edificabilidad mediante un estudio de detalle, que solo tiene una finalidad meramente complementaria, para realizar ajustes y retoques de última hora en un espacio reducido, de manera que se infringió "manifiestamente" la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).

Una vez aprobado el estudio de detalle, y en base al cambio de tipología y aumento de edificabilidad recogidas en el mismo, obtenidos "mediante la vulneración de la normativa urbanística", Víctor Sánchez concedió un total de 12 licencias para la construcción de bloques plurifamiliares, con el informe favorable del arquitecto municipal.

Asimismo, el 13 de septiembre se aprobó mediante una resolución el proyecto de reparcelación de la UER-12, en virtud de la cual se adjudicó al Ayuntamiento una parcela de 1.913 metros cuadrados, recibida en compensación del aprovechamiento urbanístico correspondiente. A partir de entonces, los procesados "llevan a cabo la enajenación ilícita del patrimonio municipal, sin cumplir los procedimientos legales establecidos a tal fin".

Sánchez concedió, a petición del consejero delegado de 'Proyecto Atarfe' y previo informe favorable del arquitecto municipal, licencia de segregación de una parcela de 521 metros de la finca obtenida como aprovechamiento, que quedó así con una superficie de 1.392 metros cuadrados, todo "con la intención de proceder posteriormente a la enajenación" de los terrenos. De hecho, esa parcela pasó a considerarse "sobrante" y abría la puerta a la enajenación directa a los propietarios colindantes, en este caso, a la empresa promotora de las obras.

De esta forma, en mayo de 2006 'Proyecto Atarfe' otorgó escritura de compraventa de esa parcela sobrante a una empresa por un precio de 123.000 euros, según la tasación del arquitecto municipal, pero "contraviniendo las disposiciones reguladoras" de la actividad pericial, ya que la valoración correcta sería la de más de 165.000 euros, lo que supuso un "perjuicio para las arcas municipales". Además, con posterioridad, la finca de 1.392 metros también fue enajenada a otra empresa, "infringiendo lo dispuesto en la LOUA" al tratarse de un bien de patrimonio municipal.

Estas operaciones comerciales, según la acusación pública, se llevaron a cabo "con el consentimiento y conocimiento" del secretario municipal y del Consejo de Administración de 'Proyecto Atarfe', que "dejó de desempeñar sus obligaciones como garante del cumplimiento de la ley".

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía insta la declaración de nulidad del estudio de detalle que se aprobó para aumentar la edificabilidad de los terrenos, de las licencias de construcción concedidas, y de las escrituras de compraventa de las parcelas municipales, o, en su caso, que los acusados indemnicen al municipio de Atarfe en las cantidades no percibidas y que han supuesto un beneficio económico a los intervinientes.