La portavoz de Empleo del PP en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz-Sillero, ha anunciado que su partido va a pedir la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, para que den explicaciones en relación a "un nuevo escándalo" que afecta a las políticas de empleo de la Junta, según revela un informe de la Cámara de Cuentas que fiscaliza la actividad de fomento del empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del ejercicio 2009.

En rueda de prensa, Ruiz-Sillero ha lamentado que "los hechos demuestran que el dinero que debería destinarse a los desempleados termina en fraude y en no ejecución presupuestaria", ya que el informe "demoledor" de la Cámara de Cuentas pone de manifiesto que hay "corrupción ligada al desempleo". Y es que, a su juicio, viene a decir que "se está actuando en la Consejería de Empleo con el mismo patrón con el que se ha actuado en el caso de los ERE, de los 1.200 millones de euros que se han defraudado a los desempleados andaluces".

Ciñéndose al informe —que tiene fecha del pasado día 7—, explica que analiza las subvenciones concedidas en el año 2009 por el SAE. Según señala, "se tramitaron 25.377 expedientes de subvenciones destinadas al fomento del empleo por importe de 420.647.000 euros y, sin embargo, a finales de 2011 solamente se encontraba finalizada la tramitación del 7,46 por ciento", es decir, 1.893 expedientes por importe de 40.999.170 euros. A juicio de la 'popular', esto significa que "todas las políticas de fomento del empleo, las subvenciones que nos venden, son todas mentira".

Destaca del informe que hay "muchos expedientes" que no se han trasladado a la Cámara de Cuentas para que los analice directamente, pero "es llamativo uno por importe de 1.954.440 euros correspondiente a una subvención concedida a UGT", lo que "ha imposibilitado revisar su adecuada justificación y liquidación".

Sigue explicando la Cámara de Cuentas que cuando se solicita el reintegro de una ayuda por no cumplir el objetivo de esas acciones de empleo, "tampoco se exigen los correspondientes intereses de demora", los cuales han dejado de recaudarse en los términos que establece el artículo 90 del Reglamento General de Subvenciones.

Diferentes líneas de ayudas

En relación a Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, dice que "no hay criterios objetivos y baremados para seleccionar a los profesores ni a los alumnos", lo que, a juicio de Ruiz-Sillero, "demuestra una total arbitrariedad en la concesión de los fondos".

La Cámara de Cuentas recomienda que se elaboren unos criterios "concretos y objetivos", ya que "en cada dirección provincial del SAE se aplican unos distintos y se gestiona de una manera".

Asimismo, destaca que a los seis meses de finalización del proyecto, "en 19 de los 28 finalizados no se han alcanzado los porcentajes de inserción laboral previstos", lo que significa que "no se cumplen los objetivos para los que se crean estos talleres de empleo". A esto, se suma que los empleos que se crean son "temporales y en ocupaciones no relacionadas con la especialidades de los módulos de la formación recibida".

Sobre las facturas, recoge que "la mayoría de las facturas que se presentan para justificar los gastos no identifican el expediente para el que se otorgó". A juicio de la parlamentaria andaluza, la Cámara de Cuentas está "insinuando que una misma factura puede emplearse para varios expedientes", de manera que "quizás estaríamos hablando de una posible connivencia en el fraude, si se detectara, entre la Junta y la impartición de estos cursos".

Sobre los Centros Especiales de Empleo para la formación de personas con discapacidad, asegura que "en la mayoría de los expedientes no constan todos los contratos y los certificados de minusvalía de los trabajadores, y en el 50 por ciento no se incluye el certificado de asiento contable".

En relación al Plan de medidas extraordinarias para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo (Plan Memta), la Cámara de Cuentas cita textualmente incidencias tales como que "en el 62,5 por ciento de los expedientes no consta documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos del proyecto y en el 93,8 por ciento de las personas destinatarias, la solicitud se presenta fuera de plazo en el 31 por ciento de los casos, y en el 18,8 por ciento se incumple el plazo previsto para presentar la justificación. Por otra parte, el pago de las ayudas a los participantes no se produce, en ningún caso, en la forma que prevé la normativa".

Sobre las ayudas para el fomento de la empleabilidad, afirma que hay "ausencia de la documentación acreditativa de que la selección de los trabajadores se haya efectuado mediante oferta a través del SAE".

De las ayudas al Empleo Estable y Plan Más Autónomo, destaca que en las concedidas a grandes empresas "la orden reguladora no especifica la cuantía de la ayuda por cada contratación indefinida según el colectivo de pertenencia del trabajador", lo que, según Ruiz-Sillero, demuestra "más arbitrariedad y que en cada caso concreto da una ayuda distinta".

CRÍTICAS

La diputada autonómica subraya que el informe de la Cámara de Cuentas concluye que en el año 2009 "no se han implantado las recomendaciones que había establecido en el año 2004". Asimismo, ha querido contextualizar que en el año 2009 ya era presidente del Gobierno andaluz José Antonio Griñán y, por tanto, es "el máximo responsable". Critica que, según la Cámara de Cuentas, en ese año se estaba actuando "con absoluta arbitrariedad y sin objetividad" en la concesión de ayudas, destacando que no haya llegado a tramitarse "ni el ocho por ciento".

En su opinión, esta circunstancia sólo tiene dos explicaciones posibles: una que "daría la razón al PP en la denuncia de que no se ejecutan los presupuestos y que son falsos, ya que ponen unas partidas y luego no las cumplen"; o bien que "ese dinero asignado a políticas de empleo se destina a otros fondos".

Finalmente, reitera que pedirán las explicaciones pertinentes en relación al informe "demoledor" que supone "un nuevo escándalo en la Consejería que afecta a los desempleados, ya que hay dinero para ellos, pero la Junta no lo ejecuta o lo destina a otro objetivo. Además, reparte con absoluta arbitrariedad lo poco que llega", ha apostillado.