Los procesados, un padre y sus dos hijos, de 57, 29 y 27 años respectivamente, han explicado que nunca estuvieron en el domicilio del ya fallecido, donde fue encontrado por su madre tras supuestamente haber sido víctima de una brutal agresión, y que no tenían conocimiento de que había recibido una herencia, que podría considerarse el móvil de sus presuntos asaltantes.

La Fiscalía pide para los inculpados, Rafael G.G., Ismael G.R. y Rafael G.R., los tres sin antecedentes penales, 15 años de prisión por un posible delito de homicidio con la circunstancia agravante de abuso de superioridad, la misma condena que solicita la acusación particular, que ejerce la madre y las dos hermanas de la víctima, a la que presuntamente torturaron en su propia casa, en la capital granadina, atándole con cuerdas, propinándole puñetazos y golpes y quemándole con cigarrillos en rodillas y boca, para que les entregara dinero.

Las defensas sostienen que sus patrocinados no son culpables de lo ocurrido, y han mantenido que el fallecido, que tenía una minusvalía mental y otra física que limitaba sus movimientos, pudo autoinfligirse las lesiones que presentaba, al caerse o sufrir un ataque epiléptico, y que las quemaduras se debieron a que era un "fumador empedernido" que solía prender su propia ropa a algunos de los muebles de su casa.

Además, era un alcohólico crónico y, a veces, según han dicho los letrados de los acusados, sufría "alucinaciones" por la fuerte medicación que tomaba. De hecho, atribuyen la denuncia y el "curso de la investigación" al "empeño" y la "obsesión" de la madre del fallecido con los tres acusados, con los que al parecer no tenía buena relación, especialmente con el padre, a quien acusaba de haberse aprovechado de su hijo pidiéndole dinero.

El padre, Rafael G.G., que según su abogada tiene una edad mental de un niño de ocho años, ha explicado que conocía a Gregorio M.G. desde hacía años porque compartía clases con su hijo, el acusado más joven, en el centro de Asprogrades (Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual), y que durante mucho tiempo mantuvieron una "amistad" por la que el ahora fallecido visitaba frecuentemente su domicilio.

Según ha dicho, aunque alguna vez le hizo alguna compra o le llevaba "un paquete de tabaco", nunca le pidió dinero porque no le hacía falta, y tampoco supo que él hubiera recibido una herencia. La relación fue buena hasta que al parecer Gregorio "intentó abusar" de su hija pequeña, de 12 años, y así estuvieron sin verse durante un año, tras el que Rafael G.G., que trabaja en un kiosco de la ONCE, se enteró de que lo buscaban como culpable de la agresión que supuestamente había sufrido por una llamada de la Policía.

Ni él ni sus dos hijos, con los que asegura que estuvo la noche de los hechos, el 26 de septiembre de 2008, en su vivienda, se presentaron en el domicilio de Gregorio, al que ha dicho que no tenía "ningún motivo" para odiar. "Yo sentí mucho su muerte", ha manifestado el acusado, que ha confirmado que la madre de la víctima le insultó en varias ocasiones y le llegó a decir que sus hijos no eran suyos porque su mujer "era una puta".

Su hijo, Rafael G.R., ha explicado que aquel día se escapó del cuartel de la base militar de Almería en la que trabaja —concretamente en la unidad de artillería— tras la negativa del permiso que solicitó a su superior para firmar el contrato de alquiler del piso que iba a compartir con su novia, en Granada capital.

Según ha afirmado, desde las 16,00 horas del día 26 hasta las 13 horas del día siguiente permaneció en la casa de sus padres con lumbago, de manera que no pudo en ningún momento desplazarse al domicilio de Gregorio, al que llevaba sin ver unos tres años, para propinarle una paliza y exigirle un dinero que, según ha incidido, no sabía que tenía.

En esa línea ha negado ser "capaz" de agredir de la manera que le atribuyen las acusaciones a un disminuido psíquico, puesto que su propio padre y su hermano, imputado en la causa, lo son. "Jamás sería capaz de hacer daño a una persona así", ha mantenido el procesado, que ha afirmado además que se enteró de que Gregorio había recibido una herencia "por el periódico" que informó del suceso.

Su hermano, que padece un retraso mental reconocido del 75 por ciento, ha afirmado que no recuerda nada de Gregorio, ni que fuera a su casa, ni si tenía o no dinero, o si lo trataba bien o no. De hecho, ha asegurado ante su letrada que no sabe por qué está en la Audiencia de Granada ni de qué se le acusa, por lo que, tanto la Fiscalía, como las acusaciones y las defensas apenas le han preguntado por su conocimiento de los hechos.

El juicio, que se prolongará durante toda la semana, continuará este martes con la declaración de los testigos, y se prevé que el jurado emite su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad para el viernes, cuando quede visto para sentencia.

Acusación de la fiscalía

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la madrugada del pasado 26 de septiembre de 2008, cuando Gregorio M.G., que padecía una debilidad mental ligera, con una minusvalía reconocida del 65 por ciento, se encontraba durmiendo en su domicilio de la calle Severo Ocho de Granada capital, y entraron en su casa los tres inculpados, acompañados de una cuarta persona que no ha podido ser identificada.

"Con ánimo de acabar con su vida", le ataron con cuerdas, le propinaron puñetazos y golpes por todo el cuerpo, y le quemaron con cigarros exigiéndole una cantidad no determinada de dinero que Gregorio se negó a entregar, dejándolo inconsciente los procesados en el suelo de su habitación, donde fue encontrado por su madre dos días después, a las 16,00 horas.

Tras ser atendido por un equipo de emergencias del 061, fue ingresado en el Hospital Virgen de las Nieves con pronóstico muy grave y con un número importante de heridas en ambas rodillas, algunas de las cuales se correspondían con quemaduras de cigarrillos, que también tenía en la boca, erosiones en barbilla y en el tórax, fractura de hombro derecho, y luxación de la cabeza del húmero de ambos brazos. Estas lesiones, señala el fiscal, fueron producidas al haber sido atado con las manos detrás del cuerpo y levantado hacia arriba con gran violencia.

Ingresó en la UCI el día 29 por bajo nivel de conciencia en contexto de agresión y politraumatismo, y desarrollo una insuficiencia renal, cuadro séptico y de neumotórax traumático, por lo que finalmente falleció justo un mes después de la agresión, el 26 de octubre a las 6,10 horas.

El fallecido tenía 49 años y vivía con su madre, para la que el fiscal pide una indemnización de 120.000 euros, que deberían abonar, en su caso, los procesados de manera conjunta y solidaria.