La suegra del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputada por un presunto delito de alzamiento de bienes por sacar dinero de una de sus cuentas bancarias tras descubrirse su condición de 'intrusa' y antes de que la juez del caso de los ERE fraudulentos ordenara embargar sus bienes, ha alegado que el titular de la cuenta es su marido y que ella sólo consta como persona autorizada.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, declaró el pasado jueves ante el juez sustituto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de que la magistrada ordenara deducir testimonio contra ella por retirar de una cuenta bancaria 15.000 euros y, a los pocos días, otros 45.000 euros, todo ello después de conocerse que había cobrado al menos dos pólizas financiadas por la Junta y antes de que la magistrada la imputara en este caso y le embargara sus bienes.

En su declaración como imputada ante el juez Iván Escalera, la suegra de Guerrero explicó que la cuenta bancaria referida "no es suya", sino que el titular es su marido, con el que comparte régimen de separación de bienes, y que ella sólo figura en la misma como persona autorizada, añadiendo además que los 60.000 euros proceden de la venta de un piso en el norte de España.

Asimismo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, Victorina Madrid aseguró al juez que 45.000 euros fueron sacados por su pareja sentimental y los otros 15.000 los sacó a ella "a petición" del titular de la cuenta, que se encontraba enfermo y le solicitó que fuera al banco a sacar dicha cantidad de dinero.

El abogado de la suegra de Francisco Javier Guerrero, a quien la magistrada Mercedes Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 258.539 euros, acreditará ante el Juzgado dicho régimen de separación de bienes mediante la escritura correspondiente.

Imputada por cuatro delitos

La suegra de Guerrero compareció el pasado día 24 de noviembre de 2011 ante la juez Alaya, aunque se acogió a su derecho a no declarar durante una comparecencia en la que la magistrada le imputó presuntos delitos de tráfico de influencias, obtención indebida de ayudas de la Administración Pública, malversación y prevaricación, según consta en el acta de la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así, Victorina Madrid se limitó a ratificar su declaración policial y se acogió a su derecho a no declarar después de que la juez le preguntara sobre si "es cierto que Guerrero Benítez es su yerno", y antes de eso reconoció que las firmas estampadas en sendas pólizas son de su "puño y letra".

La juez Alaya considera que la suegra de Guerrero, "aprovechándose de esta relación familiar y a sabiendas de que no tenía derecho alguno", consiguió que la Junta le financiara dos pólizas, "vigentes en su mayor parte al mismo tiempo" y por las que recibiría, entre ambas, una renta mensual de unos 2.000 euros y, en principio, un total de 219.514,03 euros. De este modo, relata que el 22 de marzo de 2004 suscribió una póliza de seguro colectivo con Vitalicio ascendente a 124.455,57 euros, "calculada para la póliza de los trabajadores prejubilados de SOS Cuétara" y que fue abonada por la empresa y la Junta.

Tras remarcar que la imputada "nunca trabajó" para SOS Cuétara, la magistrada señala que, por esta póliza, la suegra de Guerrero recibiría entre 2004 y 2012 un total de 133.900,05 euros, de los que finalmente ha recibido 119.699,98 euros. Añade que, nueve meses después, suscribió la segunda póliza financiada por la Junta.

Así, se trataba de una póliza de rentas de supervivencia por la que la Junta abonaría el mismo día de su firma la prima única de 75.324,63 euros, y por la que recibiría unas rentas mensuales desde 2004 hasta 2012, ascendiendo el total a 85.613,38 euros. La suma total de lo recibido por ambas pólizas ha ascendido a 198.876,85 euros.