El juez del Madrid Arena imputa al organizador y las empresas de seguridad y control

Bengalas en el Madrid Arena.
Bengalas en el Madrid Arena.
SuperCatarina12

El juez que investiga la avalancha humana que mató a cuatro adolescentes en el pabellón municipal Madrid Arena ha imputado en la causa al organizador del evento, Miguel Ángel Flores, y a los representantes legales de las empresas Kontrol 34 y Seguriber, subcontratadas para ocuparse del control de acceso y aforo y de la seguridad exterior del recinto la noche del 1 de noviembre, respectivamente.

Eduardo López Palop, responsable del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y que se encontraba en funciones de guardia en el momento de los hechos, también ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que le comunique con carácter inmediato qué concejalía es la encargada de tramitar la cesión de los locales municipales para este tipo de eventos, con el fin de llamar a declarar como testigo al concejal titular de la misma.

En el caso del Madrid Arena, el contrato de cesión se firmó con la empresa pública Madrid Espacios y Congresos, que depende a su vez del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, cuyo responsable es Pedro Calvo Poch. El concejal ha defendido que el Madrid Arena no necesita licencia de funcionamiento, de la que carece, y que Madrid Espacios y Congresos podía alquilar el Madrid Arena a Diviertt, la empresa de Miguel Ángel Flores, aunque esta tuviese deudas con la Seguridad Social y con la SGAE.

Entre uno y cuatro años de cárcel

La imputación es genérica y no se circunscribe a ningún delito concreto por el momento, según explicó a 20minutos.es un portavoz del Tribunal Superior de Justicia. Fuentes jurídicas apuntaron que los imputados podrían llegar a ser responsables de un delito de homicidio por imprudencia si el juez determina que la cadena de irregularidades cometidas (superación del aforo permitido, falta de control en el acceso de menores, falta de personal de seguridad etc.) agravaron o condujeron a la avalancha mortal. El delito se pena con entre 1 y 4 años de cárcel en el Código Penal, además de las correspondientes indemnizaciones.

El juez espera que los comparecientes comiencen a pasar por el juzgado a finales de esta semana o principios de la siguiente. En el caso de Seguriber y Kontrol 34 —que se ha desvinculado de la fiesta— deberán nombrar a un representante legal. El administrador único de Kontrol 34 es un conocido neonazi.

A grandes rasgos, la diferencia entre ir al juzgado como imputado o como testigo es que los primeros tienen garantizada su defensa jurídica al asistir con su abogado. Los testigos no pueden mentir al juez y el magistrado puede imputarles en la causa tras tomarles declaración.

Simulación por ordenador del aforo

Entre las diligencias ordenadas por López Palop también está ofrecer a las familias de las chicas fallecidas (Katia Esteban, Rocío Oña Pineda, Cristina Arce y la menor de edad Belén Langdon) y a la familia de la que permanece ingresada en estado grave (María Teresa Alonso) personarse como acusación particular en la causa. La alcaldesa, Ana Botella, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará en el proceso, aunque es el juez quien debe admitirlo valorando si el Consistorio está implicado y si, como parte del proceso, debe tener o no a su disposición los documentos y las decisiones que tome el juzgado.

Con el objeto de fijar el número de asistentes al acto, el juez ha pedido a la Policía Científica una simulación por ordenador para establecer las personas que caben en el Madrid Arena y las que realmente había la noche de las muertes. Los investigadores del Grupo V de Homicidios comunicaron al juez en su atestado que el aforo estaba "sobradamente sobrepasado". Además, según adelantó 20minutos.es, le trasladaron de palabra una primera estimación de asistencia de alrededor de 23.000 personas. La simulación aclarará si esa cifra es correcta.

Este martes visita el recinto

La comisión judicial, encabezada por López Palop, visitará el Madrid Arena este martes a partir de las 10.00 horas para realizar una inspección ocular. El recinto permanece cerrado mientras dure la investigación. El Ayuntamiento, que ha cerrado otros dos pabellones por problemas de seguridad similares a los del Madrid Arena, quiere mantener abierto este último.

El juez estará acompañado por  representantes del Ministerio Fiscal, la Policía Científica y miembros de la Brigada de Homicidios que se encarga de la investigación de los hechos, así como de tres agentes, dos policías nacionales y un policía municipal que se encontraban en el pabellón fuera de servicio. El juez ya ha tomado declaración a los tres.

Al menos uno de ellos, el policía municipal, es un agente perteneciente a la zona de Vallecas que habría estado trabajando como portero para Kontrol 34 esa noche, lo que le acarrearía una sanción por incompatibilidad con su puesto de funcionario. Este agente ha sido identificado como el que rescató de entre los jóvenes aplastados a María Teresa Alonso, la joven ingresada en estado crítico en la Fundación Jiménez Díaz.

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