La sociedad valenciana está en pie de guerra. Los recortes en el sector público, así como los despidos colectivos y los impagos de las diferentes administraciones han propiciado una escalada de protestas sin precedentes.

Y es que, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, entre enero y octubre de este año se han producido 1.533 manifestaciones (5 al día) en la provincia de Valencia, un 89,4% más que el mismo período del año pasado, cuando se hubo 809 protestas.

La mayoría de estos actos se han realizado en Valencia capital y en el centro histórico, una situación que está pasando factura a los comercios de las calles Xàtiva, Colón y adyacentes.

En este sentido, desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia han asegurado que esta dinámica es «nefasta» para las pequeñas empresas: «El año pasado perdieron el equivalente a tres semanas de ventas». Así, con el incremento de movilizaciones de este año las pérdidas de ventas superarán un mes.

Las mismas fuentes han aclarado que, por supuesto, respetan «el derecho de todo el mundo a manifestarse», pero han pedido a los participantes «una reflexión» para que  «en la medida de lo posible», las protestas afecten lo menos posible a los comercios: «Todo lo que se pueda hacer en domingo y festivo es mejor que entre semana».

Momentos más calientes

El año 2012 empezó con las protestas estudiantiles por los recortes en educación, que desembocaron en febrero en la conocida como Primavera Valenciana tras las cargas policiales a alumnos de Luis Vives.

Tras esta polémica, el carrusel de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) anunciados por el Consell en Canal 9, Ciudad de las Ciencias, Ivvsa, Ciegsa o Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, han contribuido también a la escalada de protestas. A esto se ha sumado los impagos del Consell  a los farmacéuticos o al sector de la dependencia.

439 despidos en Vaersa

La dirección de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) ha comunicado al comité de empresa el inicio del expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 439 trabajadores de los 1.441 que tiene en varias consellerias, lo que supone un 30 % de la plantilla. Las extinciones de los contratos se producirán de forma escalonada.