Aralar ha instado a Kutxabank a que su decisión sobre la suspensión sobre las ejecuciones hipotecarias sea "definitiva y no temporal". Además, ha pedido que "reconsidere" los desahucios "ya ejecutados" y "deje" las viviendas en manos de las instituciones públicas para que éstas las gestionen mediante alquileres sociales.

La formación de lidera Patxi Zabaleta ha hecho pública esta postura un día después de que el banco vasco resultante de la fusión de BBK, Kutxa y Vital, anunciara su intención de paralizar la ejecución hipotecaria de las hipotecas de primeras viviendas hasta conocer la nueva regulación.

En un comunicado, la formación abertzale ha afirmado que, "aunque haya llegado tarde", la decisión del presidente de Kutxabank, Mario Fernández, es "positiva". Sin embargo, ha agregado que resulta "insuficiente" porque su decisión "debe ser definitiva y no provisional", con el objetivo de "garantizar la dignidad de todas las personas" y para que la solución estructural a los desahucios "sea definitiva".

Aralar ha pedido al presidente del banco vasco que "reconsidere los desahucios ya ejecutados", y "deje las viviendas desalojadas en manos de las instituciones públicas, para que éstas las gestionen mediante un alquiler social" que sería abonado a las entidades financieras y que, fijado en función del poder adquisitivo de la familia, "nunca excedería del 15% de los ingresos familiares".

Según la formación, una vez que los motivos objetivos del desahucio "hubieran desaparecido" y la familia "vuelva a su situación inicial", siempre y cuando el dueño de la hipoteca lo acepte, "se dejaría de pagar el alquiler y volvería a pagar su hipoteca".

"ESCÁNDALO"

Aralar ha considerado "un escándalo" que se utilice "dinero público de todos los ciudadanos" para rescatar a entidades financieras, "y que después sean éstas las que dejen en la calle a miles de personas".

Por ello, ha urgido a cambiar la ley hipotecaria, el Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, "para poner la política pública al servicio de la ciudadanía y no al servicio de la economía especulativa", con el objetivo de garantizar "los derechos de acceso a una vivienda".

Por último, ha hecho un llamamiento a que "todas las instituciones públicas rompan las relaciones con las entidades que lleven a cabo desahucios".