La Fiscalía de Sevilla ha concluido que, "sin ninguna duda y de manera indubitada", las pruebas practicadas en el juicio han demostrado que los cuatro acusados ofrecieron dinero a la concejal del Ayuntamiento de Camas Carmen Lobo para "comprar" su voto y que apoyara determinados puntos del pleno municipal, para lo cual le ofrecieron "el oro y el moro, absolutamente de todo".

Tras mantener su petición de 18 meses de cárcel y 24.000 euros de multa para los imputados, como son el exalcalde de Camas Agustín Pavón (IU), el exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile, el exedil del PA José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño, el representante del Ministerio Público ha expuesto su informe final, según el cual los hechos "han quedado absolutamente claros" y son constitutivos de un delito de cohecho.

El fiscal, que se ha basado en las declaraciones de Lobo y del exmilitante de IU Francisco Gordo, en las grabaciones del presunto intento de cohecho y en las declaraciones de los policías que investigaron el caso, ha señalado que, tras ser expulsada Carmen Lobo del equipo de gobierno y quedar éste en minoría, los acusados, "puestos de común acuerdo", decidieron que el empresario "se pusiera en contacto" con Gordo a fin de "darle una solución a esa minoría".

Tras entrar en contacto con Gaviño, "Gordo no lo ve muy claro pero piensa que pueda estar sucediendo algo", por lo que "acepta seguir con las conversaciones, pero cuando se da cuenta de que están intentando comprar el voto" de la entonces concejal, "contacta con ella y con la Policía".

Para considerar probado estos hechos, el fiscal ha hecho referencia en primer lugar a la "contundente" declaración de Gordo, quien aseguró que en la reunión mantenida con todos los acusados en casa de Gaviño "lo que se pretendía" era "cambiar el voto de Lobo" y que toda la reunión "giró en torno a ello", diciendo "tajantemente" que los acusados querían que él actuara como "intermediario" para "llegar" a la concejal "y hacerle cambiar su voto".

Las grabaciones "no están manipuladas"

Además, "y para darle más fuerza" a esa declaración, Gordo hizo entrega de la grabación realizada en ese encuentro mantenido el 18 de agosto de 2005, cuya obtención "es absolutamente legal" y en la cual "no hay ninguna manipulación para ocultar absolutamente nada". A su juicio, el fin de la grabación puede coincidir con el término del encuentro, ya que "se oye el ruido de un motor en marcha, como si Gordo se montara en su coche" y se marchara del domicilio de Gaviño.

El fiscal ha reconocido, como "nota negativa", que Gordo fue condenado en el año 2004 por un delito de falsedad documental, pero ha aseverado que "los condenados también dicen la verdad", por lo que "es un testigo perfectamente creíble" que ha realizado una declaración "contundente" y "sin resquebrajamiento por ninguna parte". A ello se suma otra "tacha", como es "la gran animadversión" que mantenía con Pavón.

No obstante, y a pesar de estas dos "tachas", su testimonio "tiene la corroboración" de Carmen Lobo, de las grabaciones y de la efectiva entrega de un sobre con 12.000 euros, por lo que, a juicio del fiscal, "la historia tiene su fundamento".

El sobre con los 12.000 EUROS

Respecto a la declaración de Carmen Lobo, que mantuvo dos reuniones con Gaviño en la última de las cuales éste le entregó un sobre con 12.000 euros, el fiscal ha querido dejar claro que "el intento de compra era para una serie de plenos, y no para un único pleno", tal y como ha dicho la denunciante, señalando que el empresario "le propone la compra" del voto y para ello "le ofrece el oro y el moro, absolutamente de todo". Además, ha considerado probado que Fraile entregó a Gaviño una nota manuscrita con los puntos que la exconcejal debía votar a favor.

"Estas son las pruebas fundamentales, pero también hay otras colaterales", como por ejemplo la declaración del agente que observó a Gaviño entregando un sobre a Lobo, la del responsable policial de la investigación, o la del policía que vigiló el exterior del restaurante donde se celebró esta última reunión, y que pudo ver pasar un coche que "desaceleraba" cuando pasaba frente al local y que, posteriormente, pudo comprobar que pertenecía a una sociedad de Fraile, por lo que "estaban esperando al resultado" de este encuentro.

El fiscal, que ha subrayado que no se trata de un delito "provocado", ya que los denunciantes "siempre fueron llamados" y citados por los imputados, ha rechazado el argumento de las defensas de que el caso Camas fue una "trama-trampa" dirigida por el exdelegado provincial de Empleo y exalcalde de Camas Antonio Rivas "para quitarle la alcaldía" a Agustín Pavón.

Rechaza el argumento de la sentencia

También ha cuestionado que las reuniones mantenidas con Gordo tuvieran como fin que éste les entregara una sentencia que absolvía a Carmen Lobo de la comisión de un delito que había supuesto su expulsión del equipo de gobierno, ya que ha considerado que "esta justificación no tiene sustento y no debe ser tenida en cuenta". Según ha incidido, "en ningún momento" hablan de la sentencia, cuestionándose "¿por qué no se van de la reunión si estaban esperando la sentencia?".

De igual manera, ha cuestionado lo asegurado por Gaviño en cuanto a que el sobre con los 12.000 euros era parte de una comisión conjunta con su novio, ya que podría haberlo demostrado trayendo al juicio a los compradores de las fincas y no lo ha hecho.

De su lado, el abogado que ejerce la acusación popular en nombre del PSOE, Alfonso Martínez del Hoyo, ha elevado a definitiva también su petición de 18 meses de prisión y 24.000 euros de multa para cada uno de los procesados, diciendo que frente al argumento de las defensas de que "no existe un acuerdo para corromper" a Carmen Lobo, "resulta claro e indiscutible que el acuerdo para comprar su voluntad política existió".

"con las manos en la masa"

Las defensas han señalado que "se trata de un monumental equívoco provocado" por los denunciantes, pero es que "se ha cogido a los imputados con las manos en la masa, con el dinero", que "era la dádiva, el precio, la recompensa ilícita" que constituye la base del delito de cohecho.

Martínez del Hoyo ha tachado de "cortina de humo" el argumento de que los acusados sólo querían ver la sentencia que absolvía a la exconcejal camera y ha considerado "absolutamente descartable" que el empresario Eusebio Gaviño "actuara por su propia cuenta o a espaldas de los acusados". "Los hechos están perfectamente claros" y el testimonio de los denunciantes no presenta "contradicciones", ha finalizado.

De su lado, los abogados de los imputados han solicitado la libre absolución de sus patrocinados, y en el caso de Agustín Pavón, su abogado, José María Calero, ha presentado un escrito de conclusiones definitivas en el que sostiene que, tras la expulsión de Lobo y Gordo del partido, se produjo "un fortísimo enfrentamiento personal" entre el exprimer edil y los denunciantes.

Así, ambos "pensaron que podrían utilizar" a Gaviño "para vengarse" del exalcalde, "creando la apariencia de unos hechos que lo implicaran", de manera que "todo lo que hacen, dicen, acuerdan y planean" desde ese momento "lo hacen fingiendo, convirtiéndose en actores, siguiendo un guión que diseñan y llevan a cabo como una auténtica representación", todo ello "con el objetivo de destruir la carrera política" de Pavón, "fabricando pruebas de hechos en los que le implicarían".

Seguidamente, "decidieron hacer creer" al empresario que "estaban de acuerdo en desbloquear la situación y empezar negocios comunes" y "forzaron cuantas situaciones fueran posibles que permitieran implicar" a Pavón "en un supuesto plan delictivo por ellos imaginado, para comprar la voluntad de una concejal", sostiene, asegurando que el contenido de la grabación de la reunión en casa de Gaviño "fue posteriormente manipulado, borrando pasajes".