Cerca de medio centenar de personas han participado este jueves en Alicante en una manifestación convocada por la Plataforma CAM, que representa a titulares de títulos preferentes, subordinadas y cuotas participativas vendidas por Caja Mediterráneo (CAM) antes de su adquisición por parte del Banco Sabadell, para solicitar a la entidad la devolución del dinero invertido en los citados productos financieros.

El portavoz del colectivo, Carlos Pena, ha explicado a Europa Press que la movilización ha comenzado frente a la sede central de SabadellCAM en la capital alicantina y ha discurrido por varias calles del centro de la ciudad, hasta finalizar frente a la oficina del banco catalán situada en la Rambla Méndez Núñez.

Así, los manifestantes han portado una pancarta durante todo el recorrido en el que ha podido leerse el lema 'Afectados por el engaño de la CAM y Banco de España. Exigimos la devolución', al tiempo que han protagonizado paradas frente a las sucursales situadas a lo largo de su marcha.

Pena ha subrayado que el colectivo al que representa ha percibido "una importante caída de clientes" en SabadellCAM, con la que ha afirmado que esperan poder reunirse la próxima semana para tratar de alcanzar un acuerdo con respecto a las inversiones que reclama la plataforma, si bien ha expresado no tener "mucha fe" en obtener un resultado positivo. "Sólo le importa el dinero", ha añadido.

Denegada la solicitud de embargo

Igualmente, ha apuntado que la Audiencia Nacional les ha denegado la solicitud efectuada el pasado octubre para el embargo y el bloqueo del patrimonio restante de la Obra Social de la antigua caja alicantina, cercano a los 80 millones de euros, ya que consideraban que el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) pretendía entregarlo al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), aunque ha anunciado que han recurrido esa decisión.

Además, ha señalado que el colectivo ha pedido la responsabilidad civil por la jurisdicción penal en la causa, ya que, según ha subrayado, "la mayoría de asociados no puede afrontar los gastos de una demanda civil, por lo que quedarían totalmente desprotegidos, y su avanzada edad no les permitiría cobrar ese dinero que tanto necesitan en vida".