La Junta fija en el 19,7 por ciento los servicios mínimos, por debajo de la anterior que alcanzó el 23 por ciento

La Junta de Castilla y León ha fijado en el 19,7 por ciento los servicios mínimos previstos en la Administración general para la convocatoria general del próximo 14 de noviembre, por debajo del porcentaje establecido en el último paro general de 29 de marzo que se situó en torno al 23 por ciento.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez
EUROPA PRESS
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez

La Junta de Castilla y León ha fijado en el 19,7 por ciento los servicios mínimos previstos en la Administración general para la convocatoria general del próximo 14 de noviembre, por debajo del porcentaje establecido en el último paro general de 29 de marzo que se situó en torno al 23 por ciento.

En concreto, según ha informado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la Junta de Castilla y León ha determinado unos servicios mínimos del 19,79 por ciento en la Administración General de la Comunidad y los organismos autónomos.

Este porcentaje se eleva al 30,14 por ciento en el ámbito sanitario, mientras que en los servicios generales (incluidos los sociales) asciende al 17,08 por ciento y en el sector docente no universitario se sitúa en el 9,48 por ciento. En los entes y empresas públicas es del 5,15 por ciento.

En las empresas privadas que prestan servicios a la Junta, el grueso de los servicios mínimos estará compuesto por una o dos personas. Así ocurrirá, por ejemplo, con la limpieza, la seguridad y el mantenimiento de las dependencias públicas. En contraste con esto, y siguiendo el mismo criterio de la última huelga general, se propone que trabajen el 93,55 por ciento de los ocupados en áreas vitales para la salud y la vida de los ciudadanos como el teléfono de emergencias 112, puesto que de otro modo sería imposible atender las posibles urgencias con la "rapidez necesaria". Algo similar ocurrirá con los integrantes del operativo de la Campaña de Vialidad Invernal.

Universidades y centros privados no universitarios

La otra faceta de la Junta, la de autoridad gubernativa, exige que se garantice la apertura y el mantenimiento de los centros y servicios esenciales de la enseñanza universitaria y los centros docentes privados no universitarios. Así, en las universidades públicas de Castilla y León los servicios mínimos se han fijado en el 3,24 por ciento.

Asimismo y con carácter general, en el ámbito de la enseñanza privada no universitaria se consigna la asistencia del director académico o equivalente y un trabajador del personal de administración y servicios, para garantizar que el centro abre sus puertas. En el caso de que cuente con servicio de comedor, se establece además la presencia de un cocinero o ayudante de cocina y un empleado.

Paralelamente, la condición de autoridad gubernativa de la Junta hace que "deba conjugar el derecho a transitar por la comunidad con el derecho a la huelga". Para ello y al igual que ocurrió el pasado 29 de marzo, las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general deberán realizar, como servicios mínimos, el 10 por ciento de los viajes que tengan autorizados.

En las franjas temporales que se consideran horas punta —entre las 07.00 y las 10.00 y de 18.00 a 21.00— se establece un número mínimo de expediciones. Cuando en el título concesional figure un único viaje de ida y vuelta, no habrá ninguna reducción; si hay entre uno y tres autorizados, se realizará uno de ida y vuelta; en los servicios donde haya entre cuatro y siete expediciones, se harán dos de ida y vuelta, y cuando haya más de siete viajes, se realizarán tres de ida y vuelta.

En los servicios de cercanías, que son los que se prestan dentro de un radio de acción de 10 kilómetros respecto a las capitales de provincia, se realizarán el 50 por ciento de las expediciones autorizadas.

Un caso especial es el del transporte escolar, que se mantendrá en su integridad, ya que, como ha especificado el Consejero de la Presidencia "conviene recordar que la dispersión de la población castellana y leonesa hace necesarios numerosos desplazamientos interurbanos de alumnos de enseñanza obligatoria, que además están sujetos a una normativa específica que garantiza su seguridad".

Respecto a las empresas titulares de autorizaciones de transporte regular de uso especial de viajeros, con carácter general no se establecen servicios mínimos. No obstante, cuando el grupo al que vayan dirigidos esté formado por personas con discapacidad física y psíquica; trabajadores de un centro de educación especial o una residencia de personas mayores; empleados de centros penitenciarios, o personal de complejos encargados de la prestación de servicios esenciales, se efectuarán las expediciones que se realicen habitualmente en domingo o festivo.

Por último y con el fin de garantizar a toda la población de Castilla y León el acceso permanente a los medicamentos, en las oficinas de farmacia se han marcado los servicios mínimos teniendo en cuenta las guardias que son necesarias para cubrir las distintas zonas, y en el caso de los almacenes farmacéuticos se ha establecido la apertura de uno de ellos por provincia.

Tras asegurar que es "complicado" llegar a un acuerdo con los sindicatos convocates en torno a la fijación de servicios mínimos, De Santiago-Juárez sí ha destacado que las medidas adoptadas se adaptan al territorio.

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