El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha abierto diligencias previas contra el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), dos empresarios y tres representantes de una entidad bancaria por un posible delito de prevaricación en la venta supuestamente irregular de unos terrenos de uso comercial del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena, en la capital.

El auto de apertura de diligencias, fechado el 17 de octubre de este año y consultado por Europa Press, se ha producido tras la denuncia presentada por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada en relación a este expediente urbanístico e indica que los hechos planteados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Cuenca, ha explicado en rueda de prensa que la denuncia está vinculada con unos terrenos del plan parcial PP-TI, a raíz de cuyo desarrollo se generó una deuda de unos ocho millones de euros —intereses incluidos— de los promotores hacia al Consistorio.

Según ha relatado el edil, aunque inicialmente el Ayuntamiento de Granada inició un expediente de embargo para reclamar el dinero, finalmente no lo ejecutó y llegó a un acuerdo con los promotores para que el dinero se pagara en suelo.

Para ello, se "firmó un contrato privado" por el que el Ayuntamiento de Granada se convirtió en el propietario del 14,5 por ciento del total de una parcela de uso comercial o terciario que, según los socialistas, estaba valorada en siete millones de euros frente a los ocho millones en que se cuantificó la deuda con los promotores.

A este respecto, Cuenca ha dicho no entender "cómo es posible que el Consistorio, teniendo asegurado el cobro de los ocho millones y con los problemas de liquidez que padece, decidiera recibir el pago en suelo cuando ya estábamos en plena crisis inmobiliaria".

Además, ha destacado que este supuesto "negociete" se llevó a cabo a pesar del procedimiento penal abierto sobre el conjunto del Plan Parcial donde se encuentran los terrenos afectados, en el que está imputado, entre otros, el exedil de Urbanismo 'popular' Luis Gerardo García Royo y en el que la Fiscalía solicita la nulidad de todos los convenios que dieron lugar al desarrollo urbanístico.

Posteriormente, en abril de 2010, "aparece una empresa que se constituye expresamente para este negociete y que no tiene capital para asumir la compra de este suelo terciario valorado en 48 millones de euros", añade el edil en relación a la entidad Property Master Europe.

Así las cosas, en junio de 2011 se aprobó en pleno un acuerdo por el que el Ayuntamiento y el resto de los propietarios de los terrenos, entre ellos los citados promotores, vendían el suelo a la citada empresa para construir un centro comercial.

Aunque la compañía realizó una serie de pagos al Consistorio para saldar el pago, el PSOE asegura que no tenía capital suficiente para ejecutar el centro comercial y "se esfumó" al poco tiempo del acuerdo porque "ya no se iba a generar un pelotazo urbanístico".

A juicio del portavoz del grupo municipal socialista, esta operación ha podido "menoscabar el patrimonio de todos los granadinos" y, dado que el equipo de gobierno, del PP, no les da acceso a los expedientes, se han visto "obligados" a recurrir a la vía judicial para que se arroje "luz" sobre estas "prácticas urbanísticas".

La denuncia de los socialistas va inicialmente dirigida no solo contra el alcalde de Granada sino también contra la Junta de Gobierno Local que aprobó el desarrollo del plan parcial en cuestión, pero las diligencias abiertas por el juez no los incluye al desconocerse quiénes la integraban, aunque según los socialistas, este primer paso judicial servirá para aclarar este extremo.