Dado que notarios y registradores han cobrado de más a la hora de cancelar una hipoteca, tendrán que devolverlo. Lo exigía la OCU y ahora lo va a exigir la fiscalía del Tribunal Supremo. La cantidad ronda los 400 millones de euros en el conjunto del Estado.

Según denunció el año pasado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), notarios y registradores han estado durante años cobrando de más al gestionar la cancelación de las hipotecas. Además de exigir a la Administración que actuara, esta organización llevó el asunto al Tribunal Supremo.

El pasado 10 de octubre, el alto tribunal confirmó la legalidad del Real Decreto (del Gobierno de Zapatero) que imponía una rebaja de los aranceles de notarios y registradores. En su momento, éstos recurrieron.

Según informa la OCU, resuelto ese recurso y conocida la sentencia, la fiscalía de la sala civil del Supremo ha decidido exigir a la Dirección General de Registros y Notariado que se ponga en contacto con todos los notarios y registradores españoles para que devuelvan el dinero cobrado de más a todos los clientes que cancelaron su hipoteca. Se calcula que la cifra a devolver alcanza los 400 millones de euros.

La fiscalía del alto tribunal argumenta su decisión en que de este modo cumple lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Constitución, que dice: "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".

De este modo, la fiscalía del Tribunal Supremo retoma las diligencias que había iniciado tras la denuncia de la OCU. Estas diligencias las había incoado a la espera de que el Supremo se pronunciara sobre los recursos interpuestos por notarios y registradores, a través de sus colegios profesionales.

Tras conocer la resolución, la OCU ha anunciado que dirigirá un escrito al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y a la Dirección General de Registros y Notariado "para conocer qué pasos piensan dar a partir de ahora".

La OCU calcula que en 2010 se cancelaron 372.042 hipotecas. Según sus cálculos, notarios y registradores podrían haber cobrado en ese año y de manera indebida hasta 93 millones de euros.