A la familia del rey se le acumulan los problemas judiciales. Las frecuentes entradas y salidas del juzgado de su yerno, Iñaki Urdangarin, acusado de haberse enriquecido ilícitamente con dinero público, se van a unir a la presencia de dos familiares del rey en los juzgados.

Bruno Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo comparecen este jueves en el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid, según publica El confidencial. Están acusados de haber cobrado una comisión excesiva por la venta de un inmueble a la cooperativa Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), empresa que estafó a más de 1.200 familias madrileñas.

El asunto que ahora se juzga, y del que 20minutos.es ya informó en 2008, se refiere a la venta de un chalé en 2002, que era propiedad de Don Juan de Borbón, padre del rey, y que dejó en herencia a sus tres hijos.

Bruno Alejandro Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo, hijo y sobrino, respectivamente, de la infanta Pilar de Borbón, intermediaron en la operación y cobraron una comisión de 1,5 millones de euros por vender Villa Giralda en 2,7 millones de euros. Es decir que su porcentaje de comisión fue del 55%, en lugar del 5 o 6% que es habitual. Los honorarios cobrados por los Gómez Acebo se instrumentaron en cuatro pagos, según documentación de CPV a la que accedió 20minutos.es.

Bruno Alejandro Gómez Acebo y Borbón, sobrino del Rey, recibió personalmente 200.000 euros y la empresa de la que es administrador único, Gómez-Acebo Consultores Inmobiliarios S.L., otros 636.472 euros.

Marcos Gómez Acebo ingresó 250.000 euros y su sociedad, Gómez Acebo Internacional Group, S.L., 407.485.

El resto del dinero obtenido de la venta fue repartido a partes iguales entre el rey y sus hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón. Cada uno recibió un cheque al portador de 901.518,16 euros.

Ahora los dos primos se sientan en el juzgado a petición de los síndicos de la quiebra de CPV, que intentan recuperar los 25 millones de euros que CPV estafó a las familias, que piden que ambos devuelvan la comisión excesiva que cobraron y que pasen a formar parte de la lista de acreedores, a lo que se niegan.

Los síndicos de la quiebra (que son quienes se encargan de liquidar el activo y el pasivo de un deudor en un concurso de quiebra) basan sus pretensiones en el procedimiento de retroacción que fue aprobado por un juzgado madrileño y que implica reintegrar el dinero quebrado para posteriormente repartirlo entre los acreedores.

Un portavoz de la Casa Real se ha negado a comentar este asunto con 20minutos.es, alegando que se trataba de un tema ajeno a la Familia Real.