El fiscal y el abogado de la familia de Marta del Castillo han pedido este miércoles en el Tribunal Supremo (TS) que se vuelva a juzgar a los tres presuntos cómplices de Miguel Carcaño -condenado a 20 años por el asesinato de la joven-, para que sean condenados por ayudarle a deshacerse del cadáver, del que aún se desconoce el paradero tras su desaparición el 24 de enero de 2009.

Se trata del amigo de Carcaño, Samuel Benítez, su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de este, María García, a los que la Audiencia de Sevilla absolvió por falta de pruebas, por lo que piden que sean juzgados por un tribunal "no contaminado".

"Lo que me parecería una injusticia es que estuvieran todos en la calle y nosotros sigamos buscando el cuerpo de mi hija sabiendo que la han asesinado". "Espero no topármelos", ha dicho la madre de Marta, Eva Casanueva, a la puertas del TS.

También el padre de Marta, Antonio del Castillo, ha apelado a que se "haga justicia" para "no tener que ir fuera de España, a Estrasburgo, a pedirla" y ha opinado que la Audiencia de Sevilla quiso dejar a estos imputados libres y cogió a Carcaño "como cabeza de turco para que nosotros nos calláramos la boca".

En la vista de los recursos ante el Supremo, el fiscal Fernando Sequeros y el abogado de la familia, José María Calvo, han reclamado que se anule la sentencia y se repita el juicio ante los "serios indicios" de la participación de los tres absueltos en la ocultación del cuerpo.

La defensa de Carcaño, ejercida por la abogada Paloma Pérez, también ha recurrido la sentencia al considerar que éste debió ser condenado por homicidio por no incurrir en "alevosía sorpresiva" al matar a Marta con un cenicero, alegando que la joven tuvo tiempo de verle como lo cogía para golpearle.

Las defensas de los tres absueltos se han opuesto a las pretensiones de las acusaciones elogiando la "razonabilidad" de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que ha sido por contra muy criticada por "incoherente" y "absurda" por parte del fiscal y del abogado de la familia. Las acusaciones piden también que se juzgue de nuevo a Carcaño y se le condene por "profanación de cadáver", por no informar de su paradero y dar varias versiones que incrementaron el dolor de la familia.

Respecto de la sentencia, la acusación particular y el fiscal discrepan sobre la hora en la que dice que Carcaño, el menor apodado "el Cuco" -que fue juzgado aparte- y un tercero sin identificar se deshicieron del cuerpo de Marta.

La sentencia sitúa el momento en que los tres transportaron el cuerpo de Marta en una silla de ruedas para deshacerse de él en una hora cercana a las diez de la noche del 24 de enero de 2009, algo más de una hora después de su fallecimiento, que la resolución calcula que se produjo a las 20.40 horas.

Sin embargo, apoyándose en lo relatado por varios testigos y el rastreo de llamadas, el fiscal considera que esa operación la hicieron sobre la medianoche, y para ello se apoya en el "apagón homogéneo" de los teléfonos de los tres presuntos partícipes en ayudar a Carcaño a deshacerse del cadáver, lo que significaría que lo hicieron "para no ser localizados".

Por su parte el abogado, ha criticado "el doble enjuiciamiento" del "Cuco" por un lado y de los mayores por otra, porque al haber una sentencia previa -la del menor- la Audiencia de Sevilla ha estado condicionada por ella, y también el hecho de que tras ser acordado que el juicio se celebrase con jurado, finalmente se decidiera en última instancia que lo fuera por un tribunal profesional.

La abogada de Carcaño se ha centrado, por su parte, en pedir una rebaja de la condena a su cliente porque los hechos no pueden ser calificados de asesinato sino de homicidio porque no se puede decir que hubo "alevosía sorpresiva" cuando la golpeó con el cenicero estando discutiendo frente a frente de forma acalorada.

Además ha destacado que el cenicero se encontraba en lado izquierdo, por lo que tuvo que pasar su brazo derecho por delante de la cara de Marta, con lo que no la pudo sorprender. Respecto a las diferentes versiones que ha dado de su paradero, la letrada ha considerado que a su cliente "está en su derecho de hacerlo" porque "le asiste el derecho de defensa", por lo que eso no puede agravar su condena.