La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado este martes en el Senado que va a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el listado de las 55 administraciones locales y autonómicas que no han contestado a los requerimientos de información realizados por la institución que preside. El Ayuntamiento de Castro Urdiales es la única administración de Cantabria que aparece en este listado.

"Hay administraciones que no responden ni por activa ni por pasiva", ha denunciado Becerril durante su comparecencia en la Cámara alta, donde ha recordado que están obligadas por ley y que más de medio centenar no han respondido al tercer requerimiento. "No tenemos poder, pero sí autoridad para ejercer la ley", ha aseverado.

Asimismo, ha indicado que incluso tras la tercera petición, el personal de la Defensoría del Pueblo, "como último acto piadoso", ha realizado llamadas telefónicas a las instituciones y que, pese a esto, no han obtenido respuesta alguna.

El listado, facilitado a los medios tras la comparecencia es el siguiente: Ayuntamiento de Alzira (Valencia), de San Fernando de Henares (Madrid), Toredembarra (Tarragona), Galapagar (Madrid), Langreo (Asturias), Llanes (Asturias), San Pedro del Pinatar (Murcia), Estepona (Málaga), Parla (Madrid), Ciudad Real, Almendralejo (Badajoz), Barbate (Cádiz), Burgos, Candeleda (Ávila), San Bartolomé de Tirajana (Gran Cararia), Almuñécar (Granada), Pallejà (Barcelona).

El Ayuntamiento de Leganés (Madrid), el de Badajoz, Algete (Madrid), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Arganda del Rey (Madrid), Castro Urdiales (Cantabria), Arrecife (Lanzarote), Águilas (Murcia), Alboraya (Valencia), Oliva (Valencia), Guadalajara, Tres Cantos (Mardrid), Burjassot (Valencia), Lugo, Logroño, Mijas (Málaga), Puerto de la Cruz (Tenerife), Denia (Alicante), Arona (Tenerife), Las Palmas, Granada, Torrejón de Ardoz (Madrid), Alhaurín el Grande (Málaga) y Granadilla de Abona (Tenerife) tampoco han contestado.

También se encuentran en este listado la Dirección General de protección del Menor y la Familia de Canarias, la Consejería de Economía andaluza, las consejería de Infraestructuras y Justicia valencianas, la Consejería de Empleo y Economía de Castilla La Mancha, la Consejería de Obras Públicas de Canarias, el Instituto canario de la Vivienda, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, los colegios de Abogados de Badajoz, Toledo y Murcia, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.