Según la Conselleria, es para controlar los accesos porque «se trata de complejos educativos de gran tamaño». Son la Misericordia, institutos José Viguer y Velluters, en Valencia, otro de Cheste y el instituto de Monte Tossal, en Alicante. Además, añaden que cada centro puede contratarlos con el dinero que Educación da al consejo escolar. Por su parte, la empresa Levantina de Seguridad vigila en seis centros (el 90%, públicos). En este caso, dicen que para «evitar el consumo y tráfico de drogas» y que destrocen cosas.