«Les dije que me cortaba las venas». Ésa fue la advertencia desesperada de Marisol Martín, una ilicitana amenazada con el desahucio si no pagaba 7.000 euros al Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa). Y se la repitió a dos policías cuando ayer llevaba media mañana encadenada a la entrada de la oficina de la calle Gerona.Su madre murió hace tres años y, aunque las dos llevaban 23 años viviendo en su piso del barrio de Carrús, a Marisol no le daban la escritura y sin ese documento no podía pedir un crédito hipotecario para abrir un negocio y sacar adelante a sus dos hijos. Está divorciada y cobra 250 euros al mes por una paga de enfermedad, mientras abona 150 por su piso.
«Abriré una cafetería... o una panadería, algo de lo que pueda hacerme cargo, y tengo un hijo de 23 años sin trabajo», comentó ayer, eufórica, cuando al mediodía le hicieron entrar en la oficina del Ivvsa y le firmaron una carta en la que la «eximen» de esa deuda.
A finales del año pasado, incluso le llegó una carta de desahucio. «Son ya tres años de papeleos y mareos», recordaba ayer Marisol cuando aún estaba encadenada.
Ella pagó por adelantado lo que le restaba de los 35.000 euros para que el piso fuera suyo, con una bonificación de 5.000 euros. Pero el Ivvsa no confirmaba esa rebaja y se la exigía con intereses (7.000 euros en total).
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