Los cargos públicos sancionados por infracciones muy graves, relacionadas con la gestión presupuestaria o de carácter disciplinario, podrán presentarse a las elecciones, según una enmienda incorporada este lunes al proyecto de ley que endurece el Código Penal en materia de fraude fiscal y transparencia. Se trata de un cambio propuesto por el grupo socialista e incluido durante la reunión a puerta cerrada de la ponencia de la Comisión de Justicia que analiza dicho proyecto de ley, según fuentes del PSOE.

De esta forma, se ha suprimido de la norma una disposición que impedía concurrir a las elecciones a aquellos sancionados por la vía administrativa por la comisión de infracciones muy graves reguladas en la ley de transparencia. Según la justificación de la enmienda, esta disposición no sólo podría resultar anticonstitucional, sino que además incurre en "deficiencia técnica" al hacer referencia a la ley de transparencia, que aún no ha sido aprobada por el Parlamento.

Según las mismas fuentes, la ponencia también ha incluido en el texto otra enmienda que modifica el título del proyecto de ley, que pasaría a ser de modificación del Código Penal "en materia de lucha contra el fraude fiscal, a la Seguridad Social y otros delitos". Por otra parte, el grupo parlamentario popular ha rehusado confirmar si la ponencia ya ha incorporado sus enmiendas al texto, entre las que se incluye una disposición adicional para aclarar los efectos de la regularización de activos ocultos.

Dicha enmienda especifica que las rentas afloradas se entenderán declaradas en tiempo y forma "dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo respecto de cada periodo impositivo en el que deban imputarse", lo que evitará que sean investigadas. Con ello, según justifica el PP, se pretende reforzar la seguridad jurídica y eliminar cualquier duda interpretativa al respecto "a pesar de que se trata de una cuestión implícita en la propia regulación".

Otra de las enmiendas del grupo popular aclara la opción de eludir la sanción para aquellos que hayan recibido una subvención o ayuda de forma indebida siempre que realicen el reintegro de la misma. La enmienda explica que se entenderá realizado el reintegro cuando se lleve a cabo "antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control" sobre las subvenciones recibidas.

Además, detalla que la cuantía a devolver incluirá "el interés de demora aplicable en materia de subvenciones" en vez de "el interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales", como hasta ahora señalaba el texto, con el fin de simplificar el régimen jurídico.