Pobre es aquel que no tiene para comer, vestir o pagar un lugar donde guarecerse. Descontando la indigencia extrema de los mendigos, si hubiera que dibujar el perfil del pobre en Madrid, éste se correspondería con el de una mujer de unos 41 años, separada, con hijos y sin estudios, según la Consejería de Servicios Sociales.

Estas mujeres son las principales receptoras de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad (RMI), una ayuda económica que ronda los 387 euros al mes por familia y que el año pasado recibieron, en total, 10.677 hogares.

Madrid es la comunidad autónoma con menos proporción de población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, según el último informe del INE.

Un dato estadístico que supone muy poco consuelo para ese 9,5% de la población (unas 60.000 personas, aproximadamente) que vive con menos de 500 euros al mes.

Las familias que reciben la RMI tienen que subsistir aun con menos dinero. Y cada vez hay más gente que la solicita. A finales de 2001 eran 7.219 familias en esa situación, un tercio menos que el pasado diciembre.

El PSOE considera que la base de este subsidio, 326 euros para una sola persona (387,48 para una familia de tres miembros), no sólo es insuficiente para subsistir en Madrid sino que, además, está por debajo de las pensiones no contributivas.

Piden subirla un 8%

Por ello, ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea regional en la que pide incrementar la partida un 8%, hasta los 351 euros.

Este aumento la dejaría aún por debajo de la renta mínima catalana, que en enero subirá a 385 euros. También sería inferior a la mayoría de regiones y a lo que los economistas llaman la renta de suficiencia, que en Madrid este año sería un ingreso de 509 euros al mes. Y bien lejos de la vizcaína, que ya está por encima de los 549 euros.

Dinero para emergencias

Los ayuntamientos también destinan una partida presupuestaria para asistir emergencias económicas de los ciudadanos.

El de la capital se gastó el año pasado 5,4 millones de euros en ayudar a subsanar impagos de alquiler o realojar y alimentar a gente con problemas graves.

En total, Asuntos Sociales asistió a 7.363 personas. El PSOE denunció el mes pasado que el Ayuntamiento tarda tres meses, de media, en abonar las ayudas aprobadas a pesar de su carácter urgente y cuando la ley exige que sea menos de un mes.