Alcalde de Gójar achaca a una "cascada de errores" las licencias de obra por las que está imputado

El alcalde de Gójar (Granada), Francisco Javier Maldonado (PP), ha atribuido a una "cascada de errores" la concesión supuestamente irregular de las licencias de obra para la construcción de tres casetas de aperos por las que está siendo enjuiciado desde este lunes en la Audiencia Provincial de Granada, que se derivaron del fallo cometido por un técnico en la transcripción del acta de la Comisión de Urbanismo.
Juicio al alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado, en la Audiencia
Juicio al alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado, en la Audiencia
EUROPA PRESS

El alcalde de Gójar (Granada), Francisco Javier Maldonado (PP), ha atribuido a una "cascada de errores" la concesión supuestamente irregular de las licencias de obra para la construcción de tres casetas de aperos por las que está siendo enjuiciado desde este lunes en la Audiencia Provincial de Granada, que se derivaron del fallo cometido por un técnico en la transcripción del acta de la Comisión de Urbanismo.

Además, la Fiscalía Provincial de Granada le atribuye la modificación del sentido de un informe técnico para darle legalidad a esas licencias, y la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), asuntos por los que también están imputadas otras siete personas más, entre las que se encuentra el entonces concejal en la oposición, que al mandato siguiente sería alcalde, Pedro Clavero (PSOE).

Además de Clavero, se sientan en el banquillo el que fuera primer teniente de alcalde, Eduardo Rodríguez Fernández, la actual concejal de Vivienda —entonces de Urbanismo—, Belén Carretero, el edil Pedro Morillas —hoy responsable del área de Economía y Urbanismo—, el arquitecto técnico municipal, la secretaria del Ayuntamiento y el secretario habilitado.

Maldonado, para el que el Ministerio Público solicita 10 años de prisión y 14 de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio, otro de falsificación en documento público y un tercero falsificación en documento oficial, ha confiado, a su llegada al edificio judicial de la Real Chancillería, en ser absuelto y ha defendido su actuación en el asunto.

Concretamente, durante su declaración ante el tribunal de la Sección Segunda, el alcalde, que es además diputado provincial de Función Pública, ha explicado que fue en la Comisión de Urbanismo celebrada en el Ayuntamiento de Gójar el 18 de diciembre de 2003 cuando se llevó a esta sesión meramente informativa la concesión de las licencias para la construcción de las tres casetas de aperos, que contaban con el informe desfavorable del técnico municipal.

"En las comisiones informativas de urbanismo se procede de una forma totalmente mecánica, y si hay informe desfavorable, las licencias se deniegan, si es favorable, se conceden. Eso es lo que pasó, pero el funcionario encargado de transcribir el acta se confundió en el caso de una de ellas, e hizo constar que el dictamen fue favorable cuando en realidad fue desfavorable", ha dicho Maldonado, para quien ese "error de transcripción" provocó una "cascada de errores" posteriores, que son los que han dado paso al proceso por el que está imputado.

En el caso de las otras dos licencias, ha argumentado que, como al día siguiente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio iba a ser aprobado por la Junta de Andalucía de manera definitiva, y éste contemplaba la subsanación de uno de los artículos relacionado con las determinaciones del suelo no urbanizable, el técnico municipal recomendó que éstas se aprobaran de manera "condicionada" a la aprobación y publicación del planeamiento. "Se iba a aprobar el plan 13 horas después y fue el propio técnico el que nos ofreció esa solución, con lo cual se disiparon todas las dudas", ha mantenido el procesado.

Por otra parte, Maldonado ha informado de que el error en el caso de la primera de las licencias se constató por parte del Seprona, a quien el Ayuntamiento acudió por el "bombardeo de solicitudes" que los familiares de la propietaria de esa parcela presentaron a raíz de que se le concediera su licencia, que finalmente se le caducó y que no concluyó con la construcción de la caseta de aperos.

En cualquier caso, el alcalde ha negado haberle otorgado un "trato de favor" a alguno de los concesionarios de la licencia y ha puesto de manifiesto, por otra parte, la "enemistad personal" que el exalcalade y exconcejal socialista Pedro Clavero y el técnico municipal mantienen hacia él. "Cuando Clavero llegó a la Alcaldía en 2007 se instauró el miedo en el Ayuntamiento y se hicieron informes a medida", ha afirmado Maldonado, que ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de todas las defensas excepto a la del exregidor del PSOE.

Clavero, que se enfrenta a inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años, y un año de prisión por un posible delito contra la ordenación del territorio, por participar en la Comisión de Urbanismo en cuestión, ha negado sin embargo que mantenga esa enemistad con el actual alcalde, y ha ratificado que en el caso de la primera licencia sí que se pudo cometer un error. Sin embargo, en el caso de las otras dos, ha negado que el técnico recomendara la subsanación, porque nunca, ha dicho, hace comentarios para cambiar el sentido de los informes que ha elaborado previamente, que en este caso eran todos desfavorables.

De hecho ha afirmado que tuvo conocimiento de que el artículo que aludía al suelo no urbanizable en el municipio se incluyó modificado en el PGOU cuando ya fue alcalde, en 2007 o 2008, y que, al consultar la documentación, comprobó que estos cambios se habían incluido "grapados" y con una firma que no era la de la entonces secretaria municipal.

El resto de los concejales inculpados han ratificado la versión del actual alcalde, incluso el secretario habilitado que supuestamente cometió el fallo en la transcripción del acta ha reconocido su error y ha asegurado que las otras dos licencias se concedieron condicionadas tras la recomendación de subsanación que ofreció otro técnico municipal.

El juicio, que este lunes se ha dedicado únicamente a la declaración de los ocho acusados, continuará este martes con la comparecencia de los testigos y está previsto que concluya el próximo viernes día 9.

La acusación de la fiscalía

Según la acusación pública, en la Comisión de Urbanismo de 2003, el alcalde, y otros cinco concejales más —entre ellos Clavero— resolvieron unánimemente emitir dictamen favorable a la concesión de las licencias para la construcción de tres casetas de aperos pese a que las parcelas no tenían la superficie mínima exigida para poder edificar en ellas, en contra de lo que había advertido el técnico municipal, y sin el informe jurídico preceptivo.

Posteriormente, dictó una resolución el 8 de enero de 2004, redactada por el secretario habilitado en el Ayuntamiento durante esas fechas, en la que, además de conceder las licencias "a sabiendas" de que eran irregulares, hizo constar que los informes técnicos habían sido favorables "para simular una apariencia de legalidad".

Durante la tramitación del PGOU, Maldonado dio lectura en todos los plenos de la Comisión de Urbanismo y de la corporación local de los informes emitidos por el arquitecto municipal, también procesado, en los cuales incluyó una alteración que avalaba la concesión de las licencias presuntamente irregulares de las casetas de aperos.

El PGOU es aprobado provisionalmente por el pleno el 23 de mayo de 2003, y definitivamente en noviembre de ese año, después de que el arquitecto técnico presentar un informe sobre los cambios realizados en el PGOU sin mencionar el que incluía la alteración mencionada.

Todas estas actuaciones, según el fiscal, se llevaron a cabo con el conocimiento de la secretaria del Ayuntamiento de Gójar, "que dejó de cumplir con sus obligaciones, ya que, como garante del cumplimiento de la ley, debería haber certificado y contrastado que todo tenía su aporte jurídico y documental".

Por todo, los cuatro ediles se enfrentan a inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años, y un año de prisión por un posible delito contra la ordenación del territorio. El secretario habilitado, a cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación por tres años por supuesta falsificación en documento público, y a la misma pena el arquitecto técnico y la secretaria del Ayuntamiento, por falsificación en documento oficial.

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