El alcalde de Valladolid, el popular Francisco Javier León de la Riva, comparecerá este próximo miércoles a las 11.00 horas en el Juzgado de Instrucción número 2 para ser interrogado, en calidad de imputado, con motivo del reiterado incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la obligación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de restaurar la legalidad en el edificio de la plaza de Zorrilla, inmueble donde el munícipe cuenta con una vivienda y en el que se autorizó un exceso de edificabilidad.

Será la segunda vez en sus diecisiete años al frente del Consistorio en la que León de la Riva acude a declarar en calidad de imputado y en un intervalo entre ambas de tan sólo cuatro meses, después de que el pasado día 12 de julio el primer edil vallisoletano hiciera lo propio con motivo de las investigaciones que el Juzgado de Instrucción número 1 mantiene abiertas —ha comparecido como imputada una veintena de personas—respecto de las alteraciones irregulares cometidas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En la presente causa, en la que Fiscalía presentó denuncia a instancias de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, se encuentra también personada la Federación de Asociaciones Vecinales, cuya actuación fue precisamente la que llevó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León a declarar en 2010 ilegales los sobreáticos construidos por Edificasa 2000 en el edificio situado entre las calles Santiago, María de Molina y Plaza de Zorrilla.

El TSJ consideró que en dicho inmueble, donde el regidor posee una vivienda comprada a la constructora Edificasa 2000, se había incrementado la edificabilidad máxima, además de que se alteró la fachada protegida por el Plan Especial del Casco Histórico y se incumplió la normativa urbanística de porcentaje de destino residencial en dicho edificio.

Hasta cuatro proyectos

Pese a la obligación impuesta por el Alto Tribunal castellanoleonés de restablecer la legalidad en el edificio, el Ayuntamiento suma ya cuatro proyectos de ejecución de la sentencia, sin que, de momento, ésta se haya cumplido en su integridad, de ahí las diligencias abiertas al Consistorio y por las que tendrá que responder, en calidad de imputado, León de la Riva como máximo responsable de la institución local.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista, a través de su presidente, Óscar Puente, advirtió recientemente de que el coste de la primera y sucesivas obras de restablecimiento de la legalidad supera ya el millón de euros, cantidad a la que habría que añadir otro millón más en virtud de las reclamaciones de indemnizaciones de los propietarios de los áticos, importe global que, según el socialista, saldrá del bolsillo de todos los vallisoletanos.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Vecinales recuerda además que el primer edil otorgó las licencias de obras del edificio cuando ocupaba tanto el cargo de alcalde como el de vicepresidente del Consejo de administración de Caja Duero, propietaria del inmueble, a lo que se suma la adquisición de una vivienda en la séptima planta cuya escritura pública de compraventa se realizó mediante un crédito hipotecario con Caja Duero, formalizado tres días después de otorgar la licencia de ocupación.