La agencia Standard & Poors (S&P) perdió este lunes un juicio en Australia por la calificación "engañosa" de los productos financieros que desencadenaron la crisis financiera de 2008 y causaron pérdidas millonarias en ese país. La decisión judicial abre la puerta a reclamaciones similares en Europa, según opinan los medios australianos, aunque S&P ya ha anunciado que apelará.

La jueza Jayne Jagot, del Tribunal Federal en Sídney, declaró que la calificación otorgada por S&P fue "engañosa y falaz" y supuso la "tergiversación negligente" de los valores etiquetados por parte de los inversores potenciales en Australia.

La agencia de calificación internacional emitió un comunicado tras la condena en el que omite cualquier comentario que sugiera que su conducta fue "inapropiada" y anunció que recurrirá el fallo vinculado específicamente a los bonos CPDO —siglas de constant proportion debt obligations, obligaciones de deuda proporcional-constante—, según la cadena australiana ABC.

Esta decisión judicial supone la primera de su tipo en el mundo que es adversa a S&P y abre la puerta internacional para que se reclamen más de 200.000 millones de dólares —156.000 millones de euros— contra diversas entidades por la venta de productos financieros similares, según el diario australiano Sydney Morning Herald.

El director de la empresa de financiación de litigios IMF Australia, John Walker, dijo por la radio que el fallo de este lunes tendrá un fuerte impacto en Europa, donde se emitieron más de 2.000 millones de dólares —1.559 millones de euros— de las obligaciones de deuda proporcional-constante.

Los querellantes contra S&P, el banco de inversiones holandés ABN Amro y la empresa Servicios Financieros han sido 12 de los 13 ayuntamientos del Estado australiano de Nueva Gales del Sur.

Estos municipios adquirieron en 2006 obligaciones de deuda proporcional constante, conocidos también como bonos Rembrandt, un producto financiero que fue creado por ABN AMRO y que recibió la máxima calificación de S&P, la AAA.

Los ayuntamientos, asesorados por Servicios Financieros, perdieron en los primeros meses más de 16,5 millones de dólares —12,9 millones de euros— de su inversión y alrededor del 93% del capital en los primeros dos años.

La juez Jagot describió estos productos como "grotescamente complicados" y criticó a ABN Amro por forzar la calificación favorable y a los gobiernos locales que compraron por contravenir sus deberes fiduciarios por no haber analizado adecuadamente los bonos.

La magistrada también ordenó a S&P, ABN Amro y Servicios Financieros asumir a partes iguales las indemnizaciones y los intereses, lo que supone que los litigantes recuperarán 30 millones de dólares australianos —31 millones de dólares o 24,2 millones de euros— de su inversión, según la cadena australiana ABC.

Amanda Banton, representante legal de los demandantes, manifestó en un comunicado que "las agencias crediticias ya no podrán esconderse detrás de los descargos de responsabilidad para buscar la absolución de sus responsabilidades".

España está entre las víctimas de esta agencia de calificación, que no deja de rebajar su nota de la deuda. La última vez que lo hizo fue el pasado mes de octubre, cuando dejó la deuda española en BBB-, al borde de los bonos basura, es decir, casi considera los bonos españoles como inversiones especulativas. La justificación en ese momento fue el agravamiento de la crisis económica, el aumento del desempleo y las restricciones presupuestarias, que pueden incrementar las fricciones entre Madrid y los gobiernos regionales.

Esta agencia es la que peor nota está dando en los últimos meses a la deuda española: Moody's, por ejemplo, rebajó en junio en tres escalones la nota de la deuda España, del A3 —notable bajo— hasta el Baa3 —aprobado bajo—, y la situó en perspectiva negativa, mientras que Fitch la degradó también en tres escalones, hasta BBB —aprobado—, igualmente con perspectiva negativa.

La baja calificación que esta agencia da a la deuda española contrasta, no obstante, con los beneficios que ha obtenido en el tercer trimestre de este año. Concretamente, según ha informado McGraw-Hill, el grupo editorial matriz de la compañía, Standard & Poor's obtuvo en ese periodo un beneficio operativo de 209 millones de dólares —162 millones de euros—, un 23,7% más que los 169 millones de dólares —131 millones de euros— que ganó en el mismo periodo del año anterior.

La condena a S&P en Australia es representativa, pero no ha sido la única. Otro tribunal federal australiano dictó el 21 de septiembre pasado sentencia a favor de un grupo de ayuntamientos, sociedades benéficas e iglesias que demandaron a Lehman Brothers por violación de contrato y conducta engañosa y negligente, condenándolo a pagar una compensación por los daños causados.

En la denuncia colectiva participaron 72 demandantes que pedían a Lehman Brothers una compensación de más de 258 millones de dólares —unos 201 millones de euros— por las pérdidas sufridas en las inversiones que hicieron con el asesoramiento de Grange Securities, una compañía comprada por Lehman Brothers Australia en 2007.