Nuevo capítulo de la imparable expansión del ladrillo en el área de influencia de Madrid. Navahondilla, un pueblo ganadero de la provincia de Ávila, planea 1.150 chalés y un campo de golf en una urbanización que respaldan el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, ambos en manos del Partido Popular.

El nuevo desarrollo urbanístico (para unos 2.700 residentes) multiplicará por 13,5 la población del municipio, donde ahora viven 200 vecinos. No tienen depuradora y sufrieron cortes de agua este verano.

La urbanización, promovida por la sociedad limitada Torres y Canales, participada por un hermano del presidente de Acciona, la principal constructora española, ya tiene las autorizaciones municipal y autonómica. Los movimientos de tierra empezarán a principios de 2007.

Prevé la edificación de 1.150 chalés unifamiliares en un terreno de 71 hectáreas del paraje conocido como Cabeza de Caballo, lindante con una zona de interés ambiental de la Unión Europea y con el ramal oriental de la Cañada Real Leonesa.

"Presión brutal"

Al proyecto se oponen Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible y la Sociedad Española de Ornitología, que el martes denunció un caso similar en Villanueva de Gómez (143 vecinos), también en Ávila, donde las constructoras planean 7.500 chalés y tres campos de golf en una zona donde anidan águilas imperiales. "Esta provincia está sometida a una presión brutal inmobiliaria", dijo ayer un portavoz de la organización.

En el tercer punto negro del iceberg que asoma en Ávila, Navas del Marqués, intervinieron los tribunales, que paralizaron hace diez días una urbanización de 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf.

"No queremos ser una reserva india"

Un alcalde constructor, un vecino de abolengo, la autovía de la Aguirre para estar en Madrid en un tirito...

En Navahondilla, quién lo iba a decir frente a los silenciosos pastizales, conviven todas las claves del fulgor del ladrillazo. Las primeras estribaciones de la Sierra de Gredos, los castañares, la dehesa, la Cañada Real de los trashumantes... Toda esa naturaleza que de tan lustrosa parece de calendario es material de primera calidad para el negocio.

Daniel Entrecanales y Domecq no necesita que se lo expliquen. Lo sabe desde el primer biberón. Tercer hijo de José María Entrecanales y Azcárate, patriarca de la saga de constructores más poderosa de España (Acciona: 324 millones de € de beneficio en 2005), Daniel encabeza el proyecto para llenar de chalecitos las laderas de Navahondilla. Quizá porque fue directivo de mercadotecnia de Loewe, no se ha olvidado ahora de la moda sport que nos imponen. La urbanización que sueña su promotora, Torres y Canales S.L., tendrá un campo de, lo han adivinado, golf.

No piensa lo mismo Concha Velasco, de Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, que acusa al regidor de poner en peligro la estabilidad ambiental de la zona y de "favorecer" en la revisión urbanística, aprobada en 2003, a la familia Entrecanales.

La carretera M-501, que Esperanza Aguirre está convirtiendo en autovía contra la opinión de científicos y conservacionistas, ha enviado a la estratosfera el precio. La laxitud legal de Castilla y León hace el resto. La hectárea llega a ofrecerse estos días a 50.000 €, cinco veces el precio medio de la comarca.

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Esperanza Aguirre se defiende

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, aseguró ayer en una carta enviada a El País que "jamás he tomado ninguna decisión que estuviera motivada por el deseo de favorecer a ningún particular, y mucho menos a un pariente mío".

Aguirre quiso explicar así las informaciones publicadas en este diario sobre los beneficios millonarios que supuestamente su tío materno habría conseguido en operaciones urbanísticas en Madrid.

Corrupción urbanística

Hay más operaciones malayas, eso nadie lo duda. A siete meses de las elecciones municipales y autonómicas, muchos partidos políticos están siendo salpicados por casos de corrupción urbanística en los municipios que gobiernan. Estos son algunos ejemplos.

Ciempozuelos (PSOE). El alcalde dimitió el martes tras conocerse que su antecesor en el cargo, que sigue como asesor, pactó una comisión de 40 millones por lograr una recalificación.

Madrid (PP). El director de Urbanismo de Esperanza Aguirre, Enrique Porto, dimite el 3 de octubre, acusado de utilizar su cargo para negocios inmobiliarios.

Armilla (PSOE). El concejal de Urbanismo de esta localidad y vicepresidente de la Diputación granadina, Gabriel Cañavete, dimitió el 3 de octubre por presuntas irregularidades urbanísticas en la construcción de un centro comercial.

Sanlúcar de Barrameda (PP). El gerente de Urbanismo de este pueblo gaditano dimitió en julio, acusado también de irregularidades en su gestión.

Manilva (Independiente). El alcalde de este municipio malagueño dimitió hace un año tras su encarcelación por corrupción urbanística.