La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha acusado a su ex director general, Roberto López Abad, y al exresponsable de proyectos inmobiliarios, Daniel Gil, de "obtener un lucro personal" con cinco operaciones realizadas con una de las participadas de la entidad, la sociedad Valfensal.

En una querella presentada en la Audiencia Nacional, la caja alicantina asegura que se utilizó la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.

Valfensal está participada en un 70% por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30% por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el exdirector general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM".

La querella, firmada por el abogado Carlos Gómez-Jara, designado por el FROB para representar a la entidad alicantina, imputa a los exdirectivos y a los propietarios mayoritarios de Valfensal los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y delito fiscal.

Esa querella se ha conocido ahora tras dejar de ser secreta una de las piezas separadas dentro de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la CAM.

La querella afirma que López Abad y Gil gestionaron directamente las transacciones con Valfensal hasta tal punto de que "dejaron al margen a los responsables en TI y en CAM, que desconocen operaciones que deberían ingresar en su ámbito de competencia".

Además, sostiene que silenciaron o neutralizaron las dudas que surgieron gracias a "la invocación de la autoridad del Director General de la CAM".

La implicación de López Abad y Gil fue tal que llegaron a presionar a los auditores de TI para que no formularan salvedad alguna cuando plantearon la falta de transparencia fiscal de Valfensal, que tenía sociedades en diversos paraísos fiscales.

De hecho, la querella se hace eco de un correo enviado por Gil a López Abad en el que sostiene que uno de los propietarios mayoritarios de Valfensal, Juan Vicente Ferri Guardiola, afirmaba que "consolidar Valfensal le podría llevar a prisión".

En función del informe pericial realizado por Deloitte, la primera de las operaciones criticada es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.

La segunda operación es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

La tercera operación es la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.

En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica".

La última operación identificada fue la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.

La querella señala que la racionalidad económica de esas operaciones "resulta incomprensible en términos de una gestión ordinaria, y, en cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas —delictivas—, cuya finalidad era obtener un lucro personal" por parte de López Abad y Gil, que las ocultaron "bajo la apariencia de inversiones".

Ese lucro fue "compartido" con los otros propietarios de Valfensal, Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens, que la CAM pide que sean imputados.

El ex director general de la entidad alicantina ya está imputado dentro de la investigación principal que sigue el juez Javier Gómez Bermúdez por las jubilaciones millonarias de los antiguos gestores.