Abogado de Urdangarin
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives. Montserrat T. Diez / EFE

Mario Pascual Vives, el abogado de Iñaki Urdangarin, ha acudido este miércoles a los juzgados de Palma a revisar documentación sobre el 'caso Nóos', en el que está imputado el duque de Palma, y ha afirmado a los periodistas que un pacto con la Fiscalía "ni ha estado ni está" sobre la mesa.

Pascual Vives ha estado unas dos horas en el juzgado de instrucción 3 de Palma fotocopiando y revisando documentación de esta causa de supuesta corrupción, en la que se investigan desvíos de fondos públicos de Baleares y Valencia al Instituto Nóos, que estuvo presidido por Urdangarin.

Urdangarin está imputado en el 'caso Nóos' por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos Ha puntualizado que no ha podido hablar con el juez instructor, José Castro, porque no ha acudido este miércoles a su despacho y ha indicado que ha revisado documentación y mirado algún dato que le faltaba en la causa, motivo por el que se ha trasladado de Barcelona a Palma. "Lo hago yo todo personalmente", ha respondido a los informadores en los pasillos de los juzgados sobre el motivo de su viaje.

Respecto a Urdangarin, ha asegurado que se encuentra "como siempre" y que está bien en su nueva residencia en Barcelona, adonde se trasladó a vivir desde Washington hace unos meses junto con su mujer, la infanta Cristina, y sus hijos. "Antes estaba más lejos, ahora lo tengo más cerca", ha resumido el letrado, quien ha dicho que ahora puede reunirse con más asiduidad con él, aunque ha remarcado a los periodistas que "tiene su propia vida".

En cuanto a si se ha planteado que su cliente declare voluntariamente ante el juez Castro, ha afirmado: "Mis estrategias de futuro no se divulgan". Respecto a la petición por parte del fiscal de una fianza civil contra Urdangarin, ha afirmado que no sabe nada y que desde febrero todo han sido "cábalas, cifras y datos" al respecto.

Urdangarin está imputado en el caso Nóos por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación. Según la Fiscalía Anticorrupción, él y su socio Diego Torres recibieron a través de Nóos casi seis millones de euros (cerca de ocho millones de dólares) entre 2004 y 2007 gracias a contratos con varias administraciones públicas, sobre todo los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia.