El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este miércoles que los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas jurídicas, porque así lo contemplará la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

Gallardón ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que ha explicado que "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio" y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto de personas jurídicas.

De este modo, según fuentes del Ministerio de Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.

Por otra parte, el ministro ha rechazado la petición de Díez de impedir a personas imputadas estar en listas electorales, si bien se ha mostrado dispuesto a estudiar, también en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, un mecanismo "ulterior" para establecer esa prohibición. Una opción sería, ha dicho, la apertura de juicio oral, que supondría que "ya hay un indicio racional de criminalidad" y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios. La condición que finalmente se decida en la reforma de la ley servirá no sólo para impedir estar en una lista electoral sino también para cesar a un cargo público si ése es el caso, según han explicado fuentes del Ministerio de Justicia.

En el debate, Alberto Ruiz Gallardón ha explicado a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad".

Ha recordado en este sentido que en las querellas que se tramitan por el procedimiento abreviado, el juez siempre cita a declarar como imputados a los querellados para que puedan acudir asistidos por un letrado, lo que no significa después que acaben siendo condenados. Sin embargo, ha lamentado, actualmente la imputación se ha convertido en "una condena social, en una precondena", y en el caso de cargos públicos se produce lo que se conoce como "condena de telediario", y eso es algo que hay que cambiar en la reforma.