La Asociación de Afectados por la Hipoteca mantiene desde primera hora de este miércoles una concentración "pacífica" frente al número 15 de la calle Sorpresa de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Su objetivo es evitar que María y dos de sus hijos sean desahuciados, al menos hasta que se negocie otra alternativa habitacional para ellos. Asimismo, quieren mostrar su "profunda repulsa a tanta vulneración de los derechos humanos".

Un portavoz de la Asociación de Afectados por la Hipoteca ha explicado a Europa Press que el banco pretende desahuciar a María utilizando un procedimiento extrajudicial y confía en que la "presión social" que ejerzan con su concentración sea suficiente para evitar que el cerrajero acabe cambiando la cerradura a María dejándola en la calle.

Asimismo, aclara que esta familia "no paga porque no puede, no porque no quiera". Detalla que hasta noviembre de 2011 María y su marido estuvieron "aportando todo lo que podían" al banco, aunque no llegaban a completar la cuota. Los problemas económicos de la familia se agudizaron y no pudieron pagar desde entonces.

Fue entonces cuando, según relata, también llegaron los problemas a la familia y al matrimonio, que está en trámites de separación. Además, a María "se acumulan los problemas, ya que, quizás a causa de todo esto, ha sido víctima de malos tratos y ha presentado denuncias por ello".

Además, asegura que cuando el banco acumuló un año sin cobrar el dinero de la hipoteca comenzó a "mandar a gente" para informar a María del inminente desahucio, llegando a calificar la situación de "acoso".

A juicio de la Asociación de Afectados por la Hipoteca, como ocurre con otras muchas personas en este país, el banco ha "vulnerado los derechos" de esta mujer para tomar posesión de la vivienda por la vía extrajudicial, ya que "tramitar el desahucio por la vía judicial le saldría más caro y tardaría más tiempo".

Finalmente, ha reiterado su esperanza en poder evitar esta "injusticia". María es madre de cuatro hijos de entre seis y 23 años, y reside actualmente con los dos menores, de seis y 17 años de edad, que también quedarían en situación de "desamparo" si el desahucio llega a ejecutarse.