La Fiscalía de Área de Gijón solicita tres años y medio de prisión, multa e inhabilitación para el ejercicio de la abogacía durante cuatro años para un letrado acusado de apropiarse de más de 65.000 euros de una clienta. La vista oral está señalada para este miércoles, 31 de octubre, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, a las 10.30 horas.

Según información de la Fiscalía, los hechos se remontan a enero de 2004, cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Oviedo dictó una sentencia (confirmada en 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias) por la que condenó al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a indemnizar a una mujer con 110.000 euros. El acusado, en su condición de abogado, representó a esta última tanto en primera como en segunda instancia.

Para dar cumplimiento a la sentencia, el Sespa remitió al acusado, por medio de la procuradora personada, las siguientes cantidades: el 16 de Marzo de 2006 las suma de 106.381,30 euros (principal), el 25 de Abril de 2006 la cantidad de 9.162,83 euros (intereses) y, finalmente, el 5 de julio de 2007 la suma de 25.247,61 euros (costas procesales).

La Fiscalía sostiene que el acusado, en febrero de 2007, entregó 50.000 euros a la mujer, a cuenta de la indemnización que le correspondía percibir, tal y como lo había determinado la sentencia. El resto se lo apoderó para sí mismo, con el consiguiente perjuicio económico para la persona que lo había contratado.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida en concurso con un delito relativo a la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional. Por ello solicita que se condene al acusado a la pena de tres años y seis meses de prisión, multa de 3.240 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía por cuatro años.

Además, se pide que indemnice a la mujer perjudicada con 65.544,13 euros más los intereses legales por las cantidades apropiadas, y con 6.000 euros más en concepto de daños y perjuicios morales.