El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha presentado este lunes a las organizaciones políticas y sociales el "esqueleto" de la futuro ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad en la que se establecerá la aprobación del mapa de unidades básicas a través de un Decreto para facilitar sus futuras modificaciones y una norma con rango de ley que regule la participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad.

De Santiago-Juárez ha confiado en que el proyecto de ley pueda estar aprobada por la Junta a finales de año para iniciar así su tramitación parlamentaria. De este modo, tras dar luz verde al esta ley, se establecerá un plazo de tres mes para aprobar otra norma con rango de ley que, de acuerdo con la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, regule la participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad.

Además, de forma paralela, se elaborará un mapa en el que se especifiquen las unidades básicas de ordenación y servicios del territorial rural, un documento que se someterá a información pública y se aprobará por decreto para en un plazo de en torno a tres meses desde la aprobación de la Ley.

La Mesa de Ordenación del Territorio se ha reunido este lunes y en ella, como ha explicado De Santiago-Juárez, todas las entidades han evaluado de forma "muy positiva" el acuerdo de mínimos alcanzado entre la Junta y el PSOE en materia de ordenación, ya que, con la rúbrica de ese documento se ha cumplido una de las "peticiones" de las organizaciones que participan en el proceso.

De este modo, el también portavoz de la Junta ha apuntado que la situación para cerrar un acuerdo en la mesa es "más favorable" de lo detectado en su última reunión de junio. "El aire sopla a favor", ha asegurado,

En el encuentro se ha informado además de las alegaciones al modelo de ordenación que la Junta presentó en junio, al tiempo que se ha explicado que desde mañana los interesados podrán ver la respuesta a sus propuestas en la web de la Junta.

No obstante, el grueso de la reunión se ha centrado en el análisis del "esqueleto" de esta norma que consta de un título preliminar, cuatro títulos, además de disposiciones adicionales, transitorias, finales y derogatorias.

En el título principal se definen los objetivos de esta ley que son, como ha destallado el consejero de la Presidencia, el establecimiento de un marco legal que regule los ámbitos geográficos, estructurar los servicios que presta el Gobierno de la Comunidad de acuerdo con el nuevo modelo territorio y potenciar las fórmulas de gobierno local de carácter asociativo voluntario de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la legislación básica vigente.

Todo ello con un único fin fundamental y "básico", el de "mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. "Queremos ser más eficientes, eliminar burocracia y hacer la vida más fácil y cómoda a los ciudadanos", ha insistido De Santiago-Juárez.

La ley

El título primero de esta Ley, denominado 'De la Ordenación del Territorio', estará dedicado a la definición de las unidades básicas de ordenación, donde se definirán las rurales y las urbanas con sus características esenciales como la población, el número de municipios, las distancias y las peculiaridades orográficas.

En este apartado se incluye la elaboración del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rural, que se aprobará por decreto tras la correspondiente información pública. Además se definirán las áreas funcionales, tanto las estratégicas como las estables.

El título segundo, 'De los servicios autonómicos en el territorio', constará des dos capítulos, en el primero se abordará la adecuación de los servicios autonómicos al mapa de unidades básicas del ordenación y servicios, donde se abarca desde la protección civil, al transporte a la demanda, asistencia sanitaria o educación, mientras que en el segundo se aborda la duplicidad de servicios autonómicos y locales.

El título tercero, 'Del Gobierno y la Administración del territorio, se completa con cinco capítulos, en los que se establecerán los principios de la gobernanza local y las entidades de gobierno y la administración local, donde se definirán las mancomunidades de interés general, las rurales y las urbanas.

Asimismo se dedica con capítulo a las competencias locales, donde este establecerá un catálogo de competencias y funciones, y otro sobre el régimen económico-financiero local.

Por último, el título cuarto se centrará en las relaciones interadministrativas entre Comunidad y entidades locales.

Las disposiciones adicionales se centran en la modificación necesaria de determinadas leyes y excepciones como el Condado de Treviño, El Bierzo o el periodo máximo en el que la Junta se hará cargo de las competencias impropias.

Finalmente, en las disposiciones finales se especifica que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley se aprobará una norma, con rango de ley, que regule la participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad.

Como ha explicado De Santiago-Juárez éste sería el "esqueleto" de una norma que en el plazo de un mes ya estará dotada de "músculo".