El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha cedido ante las las comunidades autónomas y les ha dado un mes para que sigan perfilando sus propuestas "técnicas" al aanteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de manera que el texto llegará al Congreso de los Diputados a finales de enero o principios de febrero, en lugar de a finales de diciembre.

"Con el objetivo de facilitar el espíritu de acuerdo en el proyecto de la LOMCE, y respondiendo a una voluntad de las comunidades, hemos propuesto otorgar un plazo de un mes para afinar las propuestas de las autonomías y mejorar los aspectos técnicos", explicó en rueda de prensa tras la reunión con los consejeros.

El ministro ha valorado también el clima "constructivo, franco y sincero" de diálogo durante el encuentro con los consejeros y ha indicado que un número "muy alto" de estos representantes se ha mostrado "de acuerdo" con las líneas generales de la reforma educativa. En este sentido, ha destacado el apoyo de todas las comunidades gobernadas por el PP y Navarra y la discrepancia de "otras", como Cataluña y País Vasco, que han criticado una pretendida "recentralización" por parte del ministerio.

La norma no ha dejado de levantar polémica entre las Comunidades, que ven en la ley una invasión de competencias. Esto es lo que opina la consellera catalana de Educación, Irene Rigau, que no descarta que la Generalitat lleve al Tribunal Constitucional la reforma educativa de Wert porque en ella hay una interpretación "abusiva" de la potestad reglamentaria del Estado y una "invasión" competencial.

"Venimos a pedir que se pare porque es una ley que vacía de competencias a las comunidades autónomas", dijo la consellera antes de entrar a la Conferencia Sectorial de Educación.

Rigau ha señalado que el ministro Wert ya sabe que uno de los "ejes claros" de la Generalitat es la defensa del modelo de "escuela catalana", un tema que ha dicho que recordaría si venía a colación, y ha denunciado que "españolizar va más allá de cambiar la lengua de la escuela sino que también es cambiar los contenidos".

La consellera catalana ha asegurado que en su opinión "todas las administraciones" autonómicas deberían hacer un frente común contra la propuesta del Ministerio. "No puedo entender que una comunidad afronte el debate según el signo político; si es comunidad autónoma debe defender sus competencias", ha reclamado.

En la misma línea que Rigau habló la consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, que ha mostrado su intención de pedir que el Ministerio de Educación retire su reforma educativa porque, entre otras cosas, se apropia de competencias educativas como son las evaluaciones y, en su opinión, quien se reserva para sí esas pruebas "se reserva todo".

"Quien se reserva para sí la evaluación, se reserva todo, si hay evaluaciones, reválidas tanto al final de la ESO como al final del Bachillerato, con efectos académicos, se está reservando para sí los criterios y contenidos de evaluación", según Celaá, quien ha considerado que el sistema educativo se puede convertir "en una academia que forma para hacer pruebas".

"Es una propuesta que nos retrotrae a medidas y épocas que estaban en el desván como que la Formación Profesional sea territorio de segunda en comparación con el Bachillerato, es una propuesta anticuada y tremendamente inaceptable", según Celaá.

Asimismo, Celaá ha criticado a nivel competencial la reducción de un 10% en el margen de decisión sobre los contenidos educativos. La consejera ha destacado que Wert se debe de dejar de "expresiones grandilocuentes" y "muy, muy provocadoras" y debe de "buscar pactos y terrenos de acuerdo con un diagnóstico común con las Comunidades".

En opinión del consejero canario de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, la reforma de Wert "colisiona" con los principios constitucionales y pretende, entre otras cosas, "mercantilizar" la educación.

José Miguel Pérez explicó su intención de transmitirle al ministro la posición del Consejo Escolar canario, que mostró el rechazo "rotundo" a un anteproyecto de ley que, en opinión del consejero, está "rompiendo algunos de los elementos básicos de lo que en su día la Constitución del 78 supuso para el sistema educativo español" e instó al PP a "armar" otro texto con mayor acuerdo y consenso.

Mientras, la consejera de Educación de Andalucía, Mar Moreno, ha pedido "tiempo" a Wert para que la reforma educativa sea de calado y para que sea posible el debate y el intercambio de propuestas. Moreno ha valorado que se haya "arrancado" al Gobierno el plazo de un mes para seguir negociando y ha avanzado que para entonces habrá otro encuentro con las comunidades autónomas. También ha comentado que aunque el Ministerio "no se ha movido mucho en los temas más conflictivos" -como las reválidas o la publicación de los ránking de centros- Andalucía se seguirá implicando "a fondo" en los asuntos más difíciles para que "en este mes de plazo haya avances".

También algunas autonomías gobernadas por el PP podrían haber mostrado su disconformidad en el ateproyecto de ley, según apuntan medios como El País, que cita a distintas fuentes del PP. Según este diario, algunos consejeros de Educación de Comunidades populares están molestos porque no han sido escuchados en el proceso de redacción del proyecto.

El PSOE-A, por su parte, ha ofrecido "diálogo" al Gobierno central para consensuar la reforma educativa frente a la propuesta del ministro Wert, que "conduce a una educación sectaria e insolidaria que rompe con la igualdad de oportunidades en las aulas".

No obstante, entre las Comunidades populares que discrepan con la reforma de Wert no está la de Aragón. Antes de entrar en la reunión, Dolores Serrat, su consejera de Educación, consideraba "necesaria" esta reforma educativa al entender que "ataca" el fondo del problema que afecta a las comunidades autónomas, el fracaso escolar.

Se trata de la séptima ley educativa de la democracia, que el Ejecutivo pretende aprobar antes de verano de 2013. Entre los temas que han suscitado mayor polémica se encuentra el nuevo reparto de competencias educativas: el Estado aumenta su capacidad para establecer de los contenidos mínimos y comunes para todas las autonomías, de manera que pasa del 55% al 65%, en las comunidades con lengua cooficial, y del 65% al 75% en el resto.

Según explicó el ministro, con esta medida "quedan intactas" las competencias autonómicas en materia educativa y permite "reducir la dispersión de los contenidos educativos", que, según alertó, "ya era inmanejable".

Otra de las medidas que han suscitado polémica es la realización de las pruebas de evaluación censales y nacionales —dos en Primaria, una al final de la ESO y otra al final de Bachillerato, estas dos últimas necesarias para titular—, que serán gestionadas por el Ministerio de Educación.

Además de las reválidas y del nuevo reparto en la elaboración de los contenidos comunes, la reforma educativa contempla adelantar la elección de los alumnos hacia la Formación Profesional o el Bachillerato, mediante optativas en 3º de ESO para que en 4º de ESO estas vías estén diferenciadas. La nueva ley incorpora Formación Profesional Básica, que sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial, pasan de un año y un segundo año voluntario a dos años completos.

El aumento de la carga lectiva de materias "instrumentales" como Matemáticas, Ciencias, Lengua/s e Inglés y la reducción de las opciones de Bachillerato —Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales— son otras de las patas de la reforma, que también abre la puerta a las comunidades autónomas a concertar los centros de educación diferenciada por sexos, aumenta la autonomía de los centros escolares para implantar sus propios proyectos pedagógicos y refuerza la figura del director, que tendrá que acreditar haber superado un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva.

Decenas de profesionales de la enseñanza, en su mayoría profesores universitarios de toda España, celebraron el viernes y el sábado un foro en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla tras el que han redactado un manifiesto en el que abogan por abrir un "debate nacional" para "reconstruir o, en su caso, refundar" el sistema educativo nacional ante la "preocupación" y "alarma" que les produce la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) que prepara el Gobierno, que tachan de "revanchista e ideológica", y en la que aprecian "un sesgo economicista".