Organizaciones de catedráticos de instituto y de inspectores de educación cuestionan la utilidad de las nuevas evaluaciones comunes del alumnado de la enseñanza obligatoria previstas en la reforma educativa presentada por el Gobierno, que algunos sectores consideran como "reválidas".

"Sin facilitar la continuidad hacia la educación postobligatoria difícilmente se va a reducir el abandono escolar temprano, tan alto en España", advierte la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba) en un informe sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Esta asociación, que agrupa a cerca de 1.300 catedráticos, se refiere así a la prueba que deberán pasar todos los alumnos al terminar la educación básica para obtener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

"No tiene sentido poner una traba al término del cuarto de ESO que dificulte la continuidad. Bastaría la evaluación al término del ciclo inicial de ESO —tercer curso— con efectos académicos y orientadores" hacia la FP o el Bachillerato, según propone.

Tampoco ve con buenos ojos que los alumnos de FP Básica necesiten pasar una prueba específica para poder continuar en la de grado medio, como otro de los "obstáculos" para reducir el abandono escolar prematuro.

Ancaba llama la atención sobre el número "elevado" de evaluaciones (cinco) y lo "costoso" de estas, y lamenta que algunas carezcan de relevancia: "La de sexto de primaria, al no tener efectos académicos, ¿de qué sirve?", se pregunta a modo de ejemplo.

Por el contrario, los catedráticos ven positiva la prueba final para obtener el título de bachiller, aunque sería un "error", matizan, que los alumnos tuvieran que someterse a una evaluación adicional de las propias universidades para acceder a los estudios superiores.

Ancaba denuncia una "falta de coherencia" en cuarto de ESO al permitir la posibilidad "absurda" de que un alumno pueda elegir simultáneamente tanto asignaturas de ciencias como de humanidades, sin tener en cuenta hacia qué modalidad de Bachillerato se dirige. También pide que Economía no sea optativa, sino obligatoria en el Bachillerato de Ciencias Sociales.

No obstante, valora la desaparición de la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo y el cambio de Filosofía y Ciudadanía por Filosofía en el Bachillerato.

En el caso de los inspectores educativos, las principales asociaciones discrepan entre sí sobre la oportunidad de que los alumnos deban pasar una especie de "reválida" para conseguir los títulos académicos.

La Asociación de Inspectores de Educación (Adide), que reúne al 75% de estos profesionales, se opone a condicionarlos a una prueba general externa porque puede suponer "un freno" de la continuidad en los estudios y "amenaza" el objetivo de reducción de abandono escolar al 15% en 2020.

Por el contrario, la presidenta de la Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE), Ana Isabel Echevarría, afirma que ese tipo de evaluaciones igualará a España al resto de países europeos donde ya existe esos exámenes.

"Lo importante es que en el camino se quede el menor número de alumnos", según Echevarría, quien opina que no cree que las llamadas "reválidas" vayan a aumentar el fracaso escolar a edad temprana.

Pero según Adide, esas pruebas no tendrían incidencia en la mejora general del nivel de competencias del alumnado, sino que es "más adecuado" el sistema actual de evaluación continua y global durante Primaria y continua y diferenciada por materias en ESO y Bachillerato.

En cualquier caso, esta asociación sugiere que los inspectores podrían colaborar con las administraciones educativas en el diseño y la realización de las evaluaciones y asesorar a las direcciones y equipos docentes de los centros en la interpretación de los resultados y en los planes de mejora.

Adide también está preocupada por la difusión pública de los resultados de las evaluaciones externas porque el contexto socioeconómico de los centros es desigual, pero ANIE cree que estos ranking también se equiparan con Europa, aunque en las listas se deben de hacer públicos los datos sobre los centros y procedencia de los alumnos.

Echevarría pide, además, que se unifiquen los criterios de evaluación de los centros porque a veces "los grados de exigencia son dispares".